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La destrucción sistemática del patrimonio en el Tigre
En ningún otro lugar el patrimonio arquitectónico está tan asociado al medio ambiente como en el Delta de Tigre. Nos referimos a las construcciones palafíticas –edificación realizada sobre el agua o en zonas anegables, sustentada por postes de madera- que son la característica distintiva de la zona.
El valor arquitectónico, normalmente, se identifica por la calidad y características de una obra singular, pero quedó atrás la época en que solo se consideraban “patrimoniales” exclusivamente por lo valioso de sus materiales y la magnificencia de su diseño.
En la actualidad también son reconocidas las expresiones “menores” que eflejan las condiciones de vida o incluso la adaptación del ser humano a un medio ambiente determinado, y más aún si se trata de un conjunto que ha perdurado en un área durante años y dominado su paisaje.
Esto ocurre con la arquitectura palafítica. No son grandes palacios, no llevan la firma de arquitectos prominentes y la mayor parte de las veces son el resultado de una arquitectura “espontánea” que los propios pobladores desarrollan, transmitiendo de una generación a otra los conocimientos necesarios para poder construir a la vera de los lagos, ríos y humedales. Es decir, comprenden también un patrimonio intangible que es el saber constructivo de los habitantes del río. Este tipo de arquitectura fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial en los casos de Santa Rosa del Agua (Lago de Maracaibo, Venezuela) y las Iglesias de Chiloé (Chile).
La arquitectura palafítica es la característica arquitectónica dominante del Delta del río Paraná, desarrollada para sobrevivir a las crecidas de los ríos, que en unas pocas horas y en forma recurrente dejan a las islas bajo el agua.
A pocos kilómetros del Obelisco nos encontramos con paisajes privilegiados en un entorno con una rica biodiversidad, es habitad de numerosos pobladores que tienen una relación indisoluble con el río y refugio predilecto de artistas, escritores y numerosos porteños y turistas que escapan cada fin de semana de la selva de cemento.
Pero, malas noticias, ya lo descubrieron los Depredadores Patrimoniales y sus socios: los funcionarios municipales que toleran e incentivan la destrucción del patrimonio, con acciones u omisiones que contradicen la Constitución, las leyes y el más mínimo sentido común.
No fue suficiente con demoler numerosos inmuebles de esa arquitectura ejemplar que hace –o hacía- de la ciudad de Tigre un lugar apacible y privilegiado para vivir y un atractivo turístico de primer orden.
Se empeñan –depredadores y funcionarios- en matar a la gallina de los huevos de oro, destruyendo edificios de altísimo valor patrimonial, como la Quinta Cobo-Anchorena (que fuera sede del Club Tigre) y otros inmuebles de fines del siglo XIX y principios del XX, para reemplazarlos por torres de “arquitectura olvidable”, como la describe, con agudeza, el editor de m2, y le hacen perder carácter y originalidad a una zona apreciada por el turismo, básicamente, por ser única.
Pero fueron por más. Los especuladores representados por la empresa Eidico S.A.–que según denuncian los vecinos de la zona su titular sería Jorge O’Reilly, un ex asesor del Intendente Sergio Massa, durante su paso por la Jefatura de Gabinete-, arremetieron con Punta Querandíes, un yacimiento arqueológico ubicado en la rivera del Canal Villanueva. Para complicar -o clarificar- las cosas un ex directivo de la compañía, Pablo Dameno, es el actual subdirector de Planeamiento Urbano de la Municipalidad.
Estas tierras pertenecían –o pertenecen, no está muy claro- a la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) y fueron declaras de interés por la Cámara de Diputados y el Senado de la Provincia de Buenos Aires, que le solicitaron al Estado Nacional que se abstenga de venderlas con el fin de resguardar los sitios arqueológicos y sagrados de los pueblos originarios.
En las excavaciones, que comenzaron a realizarse luego de las denuncias de los pobladores, aparecieron 100.000 piezas de fauna local y 20.000 fragmentos de alfarería –que si no fuera por la inmediata acción de los ciudadanos- habrían quedado bajo las topadoras.
Los depredadores ni siquiera se detuvieron frente a dos medidas cautelares dictadas por la justicia de la Provincia de Buenos Aires, demostrado aún más su ilimitada impunidad, solo frenaron –y en forma temporaria- cuando los vecinos agrupados en la Asamblea Delta y Río de la Plata (http://asambleadeltayriodelaplata.blogspot.com), la Asamblea Urbano Ambiental de Tigre (http://www.asambleaurbanoambiental.blogspot.com) y el Movimiento en Defensa de la Pacha pusieron el cuerpo y acamparon en la zona para impedir el atropello.
La intervención del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, autoridad de aplicación de la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que protege y declara de interés público los yacimientos arqueológicos, deja más dudas que certezas.
La labor de sus arqueólogos fue financiada -según ellos mismos declararon a la prensa local- por le empresa propietaria del emprendimiento. Es sugestivo que quien tiene que ser controlado financie la labor del organismo público que tiene a su cargo el control: ¿Altruismo destinado a proteger bienes patrimoniales o la forma más efectiva de lograr que el informe concluya diciendo que “se recomienda liberar el terreno al propietario para que disponga del terreno”(sic)? La respuesta a esta pregunta la están buscando los diputados nacionales Horacio Piemonte y Elsa Quiroz (CC) que acaban de presentar un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación.
Esta destrucción fue precedida por otros proyectos, ya mencionados en esta columna, denominados Isla del Este –ya construido–, Colony Park y Parque de la Isla, situados en la Primera Sección del Delta, que son solo la punta del iceberg de nuevas iniciativas que incluyen desmontes masivos, supresión de humedales –que cumplen una función esencial en el régimen de crecidas y en la velocidad del agua de los ríos, tal como explica Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas y reconocida especialista en el tema-, construcción de puentes, privatización de canales y creación de redes viales para la circulación de autos en el interior de las islas.
El concejal Luis Cancelo, que trabajó en forma conjunta con los vecinos de la Asamblea Delta y Río de la Plata, acaba de presentar un proyecto de ordenanza serio, audaz y urgente, que entre otras cosas establece la preservación de la insularidad de la Primera Sección del Delta, prohibiendo la vinculación con el continente por medio de puentes vehiculares, túneles, transbordadores sobre los cursos de agua, impide la construcción de redes viales y la circulación de automotores en las islas, la modificación de los centros de islas, respetando las planicies de inundación, la realización de lagos o lagunas artificiales, y finalmente determina que las construcciones familiares o comerciales serán “exclusivamente de tipo palafíticas y de un máximo de dos pisos, asentándose dentro de los primeros 100 metros cercanos a las costas, adaptándose a las características naturales del lugar y sin modificar su condición de inundabilidad”.
Este proyecto que deben tratar ahora las comisiones del cuerpo legislativo local pareciera que está destinado al fracaso, si uno se atuviera exclusivamente a la mayoría parlamentaria que actualmente ostentan el bloque oficialista y el bloque del Partido Acción Comunal, que lo precedió en la Intendencia y en la iniciativa para destruir del patrimonio de Tigre.
Pero, como ya es frecuente en distintos puntos del país, los ciudadanos han tomado protagonismo, se están movilizando y reclamando la protección del patrimonio cultural y medioambiental del área, y tal vez, le hagan comprender de una buena vez a la mayoría de los concejales que es más “negocio” escuchar a los ciudadanos y cumplir con los tratados internacionales, la Constitución y las leyes, que seguir alentando o tolerando a los depredadores patrimoniales.
El marketing de los depredadores
El patrimonio arquitectónico es un capital que genera valor, tal como lo expresamos en esta misma columna hace algunas semanas, refiriéndonos a un estudio realizado por Convenio Andrés Bello y la Corporación del Centro Histórico de Cartagena de Indias (Colombia).
Entre otras cosas, por su uso indirecto, esto es, porque la cercanía a un edificio histórico o patrimonial genera un valor extra para los bienes o servicios que se encuentran en sus inmediaciones, en virtud del atractivo que genera para los clientes y consumidores potenciales. Esto se expresa en un mayor costo de la hotelería, gastronomía, alquiler o venta de propiedades, u otros bienes o servicios cercanos a las áreas históricas o inmuebles singulares.
Ese estudio también reconoce el valor de existencia, es decir, la posibilidad de capturar los beneficios que genera un inmueble o área patrimonial por el solo hecho de existir, más allá de que no se utilice necesariamente en forma directa o indirecta, pero que resulte un elemento de diferenciación para la zona.
Los depredadores inmobiliarios lo saben muy bien. Por eso, en los últimos tiempos vemos numerosas campañas de marketing promocionando adefesios arquitectónicos, que seguramente no tienen elementos de calidad propios para mostrar y basan su promoción en destacar los valores del área patrimonial donde se encuentra el edificio o en el de otros inmuebles históricos cercanos, y que ellos mismos están contribuyendo a destruir.
Hay ejemplos increíbles. En la ciudad de Tigre, frente al río del mismo nombre, se destacan las sedes de los centenarios clubes de remo, que con una calidad arquitectónica ejemplar son a la vez un catálogo de la diversidad de estilos, adaptados a las características, técnicas, materiales e idiosincrasia locales.
Frente a la Estación Fluvial está la sede del Buenos Aires Rowing Club, un edificio de estilo Tudor construido en 1916, desarrollado en torno de un magnífico patio. Calle de por medio se levantaba otra casona histórica que fue demolida y su amplio jardín deforestado para construir una serie de torres de arquitectura olvidable –como diría el editor de m2– y que han sido bautizadas como “Palcos del Rowing”. Como para no dejar dudas de que el único atractivo que tienen es estar ubicadas frente a la sede del histórico club.
Algo similar ocurre en San Telmo. La venta de departamentos de la torre Quartier San Telmo –lo pretencioso y absurdo de los nombres de estos nuevos emprendimientos merecería una columna aparte– se promociona con el siguiente slogan: “500 años, acá nomás”.
Este emprendimiento es además una iniciativa de dudosa legalidad. Si bien parece que “los papeles están en orden”, no se entiende cómo el Poder Ejecutivo no aplica la Ley de Protección Ambiental en un sentido amplio y profundo y analiza si no se está alterando “el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora” que esa ley y la Constitución local protegen.
Por otra parte, este inmueble se encuentra dentro de la zona que el propio Gobierno de la Ciudad ya ha reconocido formalmente y en sede judicial como integrante del Casco Histórico, con lo cual deberían estudiar si corresponde aplicarle normas más estrictas para autorizar la construcción de torres y sobre todo alterar las alturas existentes en la zona.
Otros barrios no han sido ajenos a este cinismo marketinero. En Palermo, Caballito y Flores, por ejemplo, es habitual que se promocionen las torres destacando que se trata de barrios tranquilos, de casas bajas, calles con adoquines y arboladas, edificios patrimoniales y una historia que contar.
El barrio de Belgrano fue víctima de su propia singularidad. Ese viejo barrio de casonas, amplios jardines y calles arboladas resultó ser un gran atractivo para aquellos que buscaban la tranquilidad dentro de la ciudad. Pero los depredadores inmobiliarios vieron que esta demanda era una oportunidad para un negocio rápido y lo transformaron en una selva de edificios en altura y torres, que le hicieron perder su atractivo inicial.
Los negocios inmobiliarios deben aprovechar la generación de valor que produce el patrimonio –incluso para garantizar su sustentabilidad–, pero de una manera racional y sin destruirlo. Para eso es vital tener empresarios sensatos y responsables y un Estado activo dispuesto a respetar y hacer respetar las leyes, e incluso a impulsar proyectos público-privados de recuperación del patrimonio edificado como ocurre en México DF o en la propia Cartagena de Indias.
Expedición científico-cultural por el Río Paraná
Una expedición científico-cultural de la que participarán más de 30 artistas y científicos
de Argentina, Paraguay, España y Holanda.
Un viaje en barco por los ríos de la Plata, Paraná y Paraguay que zarpará del Puerto
de Tigre el 7 de marzo y llegará a Asunción del Paraguay el 29 del mismo mes.
Paraná Ra´Anga (la figura del Paraná) retoma la tradición de las expediciones científico-culturales y propone un recorrido entre Argentina y Paraguay a través de los ríos de la Plata, Paraná y Paraguay.
De la expedición participan antropólogos, sociólogos, escritores, astrofísicos, arquitectos, músicos, artistas visuales, fotógrafos, ecólogos, ingenieros y educadores ambientales de Argentina, Paraguay, España y Holanda.
Paraná Ra´Anga se propone recorrer la región y retomar la tradición histórica del viaje como instrumento de conocimiento y colaboración entre artes y ciencias para construir nuevas formas de mirar y comprender el Paraná.
Los expedicionarios invitados son los escritores María Moreno y Daniel García Helder (Argentina), el cineasta Mariano Llinás (Argentina), los músicos Jorge Fandermole, Oscar Edelstein (Argentina) y Francisco López (España), el museólogo José Lasheras (España), los artistas Coco Bedoya, Daniel García , Félix Rodríguez, Laura Glusman, Andrés Loiseau y Mónica Millán (Argentina), el geógrafo Carlos Reboratti (Argentina), las historiadoras de la ciencia Susana García e Irina Podgorny (Argentina), la historiadora del arte Gabriela Siracusano (Argentina), el antropólogo Guillermo Sequera (Paraguay), la bióloga Fátima Mereles (Paraguay), la politóloga Milda Rivarola (Paraguay), el lingüista Bartomeu Meliá (Paraguay), la museóloga Lia Colombino (Paraguay), el fotógrafo Facundo de Zuviría (Argentina), el astrofísico Alejandro Gangui (Argentina), los arquitectos Solano Benítez (Paraguay), Sergio Forster y Claudia Tchira (Argentina), el cocinero Ignacio Fontclara (Paraguay/ España), el historietista Pere Joan (España), los ingenieros Santiago González Alonso y Miguel Aguiló (España) y el sociólogo Joan Subirats (España).
La editora del proyecto es la doctora en Historia e investigadora del Conicet, Graciela Silvestri, autora de El color del río. Historia cultural del paisaje del Riachuelo (2004).
Paraná Ra’Anga es un proyecto de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), liderado por el Centro Cultural Parque de España, de Rosario, y del que participan además los Centros Culturales de España en Buenos Aires, Córdoba y Asunción del Paraguay. Además, cuenta con el apoyo de una amplia red de centros de investigación europeos y sudamericanos que poseen como nodos de articulación la Universidad Autónoma de Barcelona en Europa y la Universidad Nacional de La Plata en Sudamérica.
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Depredadores inmobiliarios
Los lectores de m2 seguramente recordarán el reclamo de los ciudadanos de Tigre –encabezados por un grupo de jóvenes Sub 20– contra la demolición de la casa conocida como Quinta Cobo-Anchorena, que fuera de la familia que le dio el nombre y luego la primera sede del Club Tigre.
La demolición de la quinta que estaba ubicada en Lavalle y Libertador, frente el río Tigre, era sólo la punta del iceberg de una política desquiciada que había permitido la construcción indiscriminada de torres, modificando sustancialmente las características de la arquitectura de la ciudad de Tigre, reconocida por sus edificios de calidad y de estilos arquitectónicos variados, alterando la forma de vida de los habitantes y visitantes, afectado el medio ambiente, el paisaje, y en definitiva destruyendo gran parte del atractivo turístico de la zona.
Esa “derrota” para los defensores del patrimonio tuvo tres consecuencias directas. Primero, demostró que el tema del patrimonio arquitectónico no es un nicho de especialistas, sino que interesa a la ciudadanía y de a poco se va colando en la agenda política. También dejó en claro la deficiente –e inconstitucional– normativa municipal y provincial para preservar el patrimonio arquitectónico y lo absurdo del sistema judicial provincial, que no cuenta con una instancia específica para tratar los reclamos de los ciudadanos contra el Estado, por vía del recurso de amparo. El reclamo judicial por la Quinta Cobo-Anchorena terminó en manos de una jueza del Trabajo, acostumbrada a dirimir reclamos de trabajadores por falta de pago de sus salarios, más que a interpretar leyes vinculadas con la preservación del patrimonio edificado.
La tercera consecuencia, esta vez positiva, fue que el intendente se vio forzado a cumplir con su promesa de campaña y envió al Concejo Deliberante un proyecto limitando la altura de las construcciones, que, aunque parezca increíble, no tenía ningún límite antes de esa norma. El escándalo fue tal que los medios locales de aquellos días recordaban que en el mismo momento en que se traspasaba el poder de un intendente a otro se estaba aprobando una nueva torre. El debate legislativo tampoco estuvo libre de excentricidades: los concejales de Acción Comunal –el partido del intendente saliente– pidieron que en la misma norma que fijaría las alturas y que estaban por votar, se estableciera una excepción para un emprendimiento hotelero… casualmente en la parcela de la Quinta Cobo.
Por otra parte, no se trata simplemente de limitar las alturas, es preciso también decretar la protección de los inmuebles valiosos, que en la zona del Casco Histórico de Tigre, especialmente en la ribera de los ríos Tigre y Luján, y en el polígono comprendido por estos ríos y el Reconquista, son aún numerosos.
Desde la destrucción de la quinta pasaron dos veranos y en Tigre siguen creciendo las torres como hongos. Pero ahora los carteles de obra –incluyendo edificios que están aún sin demoler– tienen una curiosa inscripción: “Obra aprobada con anterioridad al Decreto Municipal 165/2008”. Hay dos opciones: Si es cierto que fueron aprobadas con anterioridad a ese decreto, entonces es muy deficiente el Código de Zonificación local, que no prevé un vencimiento de los permisos de obra no ejecutados, como ocurre hasta en códigos permisivos como el de la Ciudad de Buenos Aires. La otra posibilidad mejor ni mencionarla.
El avance inmobiliario en Tigre está atentando no solamente contra el área de la costa. Los depredadores inmobiliarios están avanzando sobre las islas, con megaproyectos como los denominados Isla del Este –ya construido–, Colony Park y Parque de la Isla, situados en la Primera Sección del Delta, que ponen en riesgo el ecosistema insular. Los funcionarios municipales parece que miran para otro lado, o lo que es peor para el mismo lado que los depredadores inmobiliarios. Esto, en lugar de defender los intereses de los ciudadanos que eligieron vivir allí porque buscaban una mejor calidad de vida y reclaman proteger el patrimonio arquitectónico y el medio ambiente, que son derechos constitucionales que ninguna ordenanza municipal puede socavar.
