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El MAPI inaugura la exposición “Memoria del Fuego” en Tacuarembó
El MAPI – Museo de Arte Precolombino e Indígena produjo, con la colaboración del prestigioso escritor EDUARDO GALEANO, la exposición “Memoria del Fuego”, que se inaugura el próximo 8 de mayo en la Casa de la Cultura de Tacuarembó.
El escritor proveyó los documentos y materiales -textos, audios, videos, fotos, manuscritos y críticas literarias- que permitirán a los visitantes acercarse de otro modo a esta destacada trilogía de la literatura latinoamericana.
En 2012 se cumple los primeros 30 años desde la primera edición.La muestra se completa, a su vez, con los dibujos originales que el gran artista argetino LUIS FELIPE NOÉ realizó para una edición de “Memoria del Fuego” publicada años atrás por el diario Página/12.
Los visitantes podrán leer fragmentos de la obra de Galeano, escuchar su voz leyendo pasajes del libro, admirar sus manuscritos reproducidos en indigrafía y descrubrir en la algunas páginas el proceso de escritura, y ver entrevistas y videos inspirados en esta obra.
La producción de esta exposición se realizó con el apoyo de los Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y se inaugurará en primer lugar en la ciudad de Tacuarembó, para luego ser exhibida en Rivera. Llegará a Montevideo en julio donde será presentada en el MAPI, durante julio y agosto, y luego recorrerá las ciudades de Rocha y Maldonado, para concluir el año en la Fería del Libro de San José.
Más información en: www.mapi.org.uy
La Teoría del Colmillo
Uno de los argumentos más frecuentes para no catalogar un inmueble que no tenga valor patrimonial extraordinario en sí mismo es argumentar que se encuentra emplazado en una cuadra o área donde los demás edificios superan ampliamente su altura.
Este criterio, muchas veces razonable, es comúnmente denominado como principio de la “muela cariada”. Es que el inmueble patrimonial queda fuera de escala frente a las otras “muelasedificios” que la superan en altura y conforman el “perfildentadura” de esa cuadra. Obviamente, este principio no debe aplicarse si el inmueble patrimonial en cuestión es de una calidad y valor que ameritan su protección más allá del entorno.
Sin embargo, si se abusa en la aplicación se perderán piezas del patrimonio arquitectónico de la ciudad, por el hecho de que en una cuadra existan dos o tres edificios en altura. Más de una vez, esos edificios fueron construidos fuera de norma en la época del festival de excepciones del antiguo Concejo Deliberante o porque fue autorizado con los criterios del Código de Planeamiento Urbano, que no regula la ciudad que existe sino una que no existía y que alguien imaginó en su tablero o escritorio sin consultar a los ciudadanos.
Frente a esta teoría podríamos oponer otra, y es la Teoría del Colmillo. Por lo pronto, la metáfora es válida porque los depredadores –cual vampiros patrimoniales– van succionando la “sangre cultural” de nuestra ciudad. Esta teoría, si seguimos el mismo razonamiento de la “muela cariada”, significaría que debemos demoler las torres y edificios en altura que estén construidos en cuadras donde los otros inmuebles sean bajos, pero seguramente se nos diría que es una locura.
Para no llegar a eso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería tener presente la Teoría del Colmillo y aplicar las normas con razonabilidad y buen criterio y no autorizar torres como la pomposamente denominada Quartier San Telmo, que se construirá en una zona de casas bajas y dentro del Casco Histórico de la ciudad, y cuyos 29 pisos sobresaldrán a varias cuadras de distancia. Las imágenes difundidas en el sitio web que promociona este adefesio no dejan dudas sobre lo fuera de escala que está el proyecto con relación a su entorno y el impacto visual negativo que ocasionará.
El argumento falaz de que la “norma” les impedía negar el permiso de construcción no solamente no es cierto, sino que además es francamente hipócrita, porque cuando cambian el nombre del Teatro Opera demuelen ilegalmente edificios patrimoniales, evitan crear el régimen de sanciones de la ley 1227 o vulneran los procedimientos de protección del patrimonio, los funcionarios parecen olvidar que la ley existe y que hay que hacerla cumplir.
También debería responder el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño si realizó un estudio de impacto ambiental, cuya ley establece en el artículo 1º que tiene como fin “preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora” de la ciudad, ya que no se trata solamente de una cuestión de alturas, sino también de proteger la forma de vida de los ciudadanos que habitan en el barrio de San Telmo, ya bastante deteriorada por la presión comercial y turística en la zona, y para la que, seguramente, la construcción de una torre no será una contribución muy positiva.
La Teoría del Colmillo, reflejada en los considerandos de la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y en el texto del recurso de amparo presentado por la asociación Basta de Demoler contra la torre de San Telmo, tal vez sea el argumento que le permita al juez que tiene a cargo la causa –y que visitó el lugar dando claras muestras de interés en el tema– disponer la paralización de las obras y exigirle al Gobierno de la Ciudad que obligue a los propietarios a adecuar el proyecto al entorno. Es la única forma de evitar que ese colmillo de hormigón y vidrio cambie para siempre el perfil arquitectónico, histórico y cultural del Casco Histórico.
El silencio de los negligentes
La aprobación de un régimen de penalidades para sancionar a los depredadores inmobiliarios es una deuda pendiente en la ciudad. La mejor ley de protección patrimonial no logrará detener las demoliciones de edificios valiosos si la destrucción ilegal –habitualmente de noche, durante fines de semana o feriados– no está perseguida y penalizada, o los castigos se aplican muy excepcionalmente y no provocan grandes preocupaciones en sus destinatarios.
Peor aún si las sanciones se limitan a los edificios catalogados, pero nada sucede cuando se destruye un edificio que se encuentra en estudio o protegido preventivamente por haber sido construido antes de 1941.
Cuando hace dos años el Ejecutivo porteño sancionó con la suspensión de la matrícula por un plazo de 15 años al arquitecto involucrado en la demolición de un edificio en la calle Bolívar, todos creímos que las cosas habían cambiado, pero siguen igual… o peor.
La laxitud de la norma que permitió sancionarlo dio lugar a que la Justicia le admitiera una medida cautelar y suspendiera el castigo, hasta tanto se determine en sede judicial si es responsable o no, algo que aún no se ha resuelto. El Ejecutivo recién contestó la demanda hace una semana, lo que demuestra que no hay un gran interés en que avance la causa. En muchos otros casos ni siquiera hay un profesional (ir)responsable a quien perseguir.
La renovada viveza es demoler los inmuebles de adentro hacia afuera y luego, ante el hecho consumado, justificar que el deterioro es irreversible y que el estado del edificio implica un peligro público. Los depredadores han llegado al extremo de convocar a la Guardia de Auxilio para que apuntale los edificios que ellos mismos han deteriorado y recomiende su demolición. Esto sucede porque el régimen de sanciones de la Ley de Patrimonio Cultural, que el Poder Ejecutivo debería haber enviado hace 6 años a la Legislatura, sigue brillando por su ausencia.
El muy buen proyecto que había elaborado la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que proponía incorporar un capítulo sobre el tema en el Código Contravencional y que la propia titular del organismo anunció en las páginas de m2, ha quedado en el olvido. Sus colegas de Desarrollo Urbano se sentaron arriba del expediente y con el largo tiempo transcurrido ya se trata de algo más que un acto de negligencia. El silencio se debe a que en el Ministerio de Fabricar Opositores –como lo denomina con agudeza el editor de m2– no quieren sancionar a los depredadores patrimoniales y menos aún admitir que la Ley de Patrimonio Cultural designa como autoridad sobre la materia y le otorga el poder de policía al Ministerio de Cultura.
Pero lo más grave es que, a la vez que dejan indefenso al patrimonio cultural porteño, al incumplir con la ley, exponen al jefe de Gobierno a una posible imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A esta altura, la Legislatura porteña debería tomar cartas en el asunto y no solamente promover la investigación de las eventuales responsabilidades que les quepan a los funcionarios involucrados, sino también derogar el artículo de la ley 1227 que le ordena al Poder Ejecutivo elaborar ese régimen y trabajar rápidamente para redactar y sancionar un proyecto surgido del propio cuerpo legislativo. Tal vez éste sea uno de los principales desafíos para la gestión que acaba de comenzar el diputado Patricio Di Stefano como presidente de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura.
Ideología del patrimonio
Los expertos en restauración patrimonial –que los hay y muy buenos– son autodidactas o se han formado en instancias de posgrado, guiados por la pasión y entusiasmo personal, y tienen los recursos para costearse esa especialización. La universidad pública, laica y gratuita no enseña a cuidar nuestro pasado.
Muchos arquitectos demuelen edificios patrimoniales por simple ignorancia. Pero otros, que profesan ideologías que podríamos calificar como progresistas, ven en este acto de destrucción –sobre todo en el caso de Buenos Aires, cuyo patrimonio de fines del siglo XIX y principios del XX es tan abundante– como un triunfo sobre la “aristocracia ganadera” y sobre la ideología de los gobernantes de aquella época que mandaron construir esos inmuebles. En definitiva, repiten la historia, pero con una gran diferencia: ni siquiera –en la mayoría de los casos– legan con sus obras un patrimonio para el futuro. No hace falta más que ver, más allá de consideraciones de diseño, el estado en que se encuentran numerosos edificios construidos en los ’60 y ’70. Y ni pensemos qué puede llegar a pasar en poco tiempo con los edificados en los ’90.
La valoración del patrimonio –como de casi todo– es subjetiva y está teñida de posturas ideológicas, pero ya es cosa aceptada en la teoría y en la práctica –legislación mediante– que el patrimonio arquitectónico no se limita a las grandes residencias y edificios públicos, y que comprende también obras realizadas en épocas posteriores, incluso antagónicas desde lo ideológico a la Generación del ’80.
Por otra parte, la mayoría de las obras de las primeras décadas del siglo pasado no fueron construidas por grandes terratenientes, sino por simples ciudadanos que recurriendo a sus propios conocimientos o al de ingenieros, arquitectos y simples constructores, con capacitación y buen criterio, dieron a la ciudad una cantidad enorme de pequeñas joyas art nouveau, art déco, casas chorizo y edificios de renta, entre otros estilos y tipologías.
La vivienda social de la primera mitad del siglo XX por su diseño, materiales y concepción arquitectónica, que contemplaba la calidad de vida de sus futuros habitantes independientemente de su poder adquisitivo, algo que en la actualidad no ocurre, son también piezas del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires y hoy se cotizan como tales.
Los arquitectos supuestamente progresistas –también hay de los otros– que hoy demuelen la ciudad son los mismos que afirman que sólo deben protegerse unos pocos edificios, aquellos que tengan una espectacularidad, singularidad y firma prestigiosa que los convierta en piezas valiosas de la arquitectura.
¿Acaso el patrimonio sólo debe conservarse cuando se trata de edificios públicos o de grandes residencias habitadas por quienes antes y ahora tienen mayor poder adquisitivo? ¿Ese no es un pensamiento elitista, muy parecido al de los terratenientes de antaño que ellos pretenden combatir?
La distribución geográfica de la buena arquitectura en la ciudad, que a diferencia de otros casos en el mundo no está exclusivamente concentrada en un casco histórico, hace de Buenos Aires una ciudad con un patrimonio democráticamente repartido, y por lo tanto lo democrático y progresista es protegerlo.
La función social del patrimonio
En los últimos 50 años no hubo respuesta para quienes no tienen vivienda o, en el mejor de los casos y con algunas excepciones, se expresó en la construcción de viviendas sociales de mala calidad y peor diseño, provocando con frecuencia “daños colaterales” como ocurre en Fuerte Apache. ¿Acaso vivir en una casa bella y de calidad es un privilegio reservado a los que tienen poder adquisitivo? Quienes planearon, diseñaron y construyeron el Barrio Rawson o el Barrio Los Andes en las primeras décadas del siglo XX creían que no.
En Bélgica, por citar un caso actual, piensan distinto. La Municipalidad de Bruselas desarrolla proyectos para revitalizar áreas deprimidas de la ciudad, incluyendo la restauración de edificios patrimoniales para vivienda social, muchos de los cuales tienen sus plantas bajas afectadas al comercio y las altas clausuradas, generando una cantidad enorme de metros cuadrados ociosos. Este problema también existe en Buenos Aires. El barrio de Monserrat, por ejemplo, es uno de los que tiene menor tasa de habitabilidad, y San Telmo, si sigue en las manos desaforadas del mercado y con un gobierno que lo alienta, va por el mismo camino.
En Bruselas muchas familias carecen de recursos para acceder a una vivienda, pero en la monárquica capital europea han implementado un programa para recuperar edificios y posibilitar que sus ocupantes actuales o futuros vivan en edificios de calidad y en condiciones dignas. El procedimiento es sencillo: el gobierno los restaura y luego los alquila o vende a través de subsidios o créditos blandos.
Este programa cumple con otra imprescindible función social, generar fuentes de trabajo poniendo en manos de los ocupantes las tareas de restauración, algo que provoca un doble efecto positivo: se los califica como oficiales restauradores y se promueve el compromiso de cuidar la obra realizada con sus propias manos. El municipio también se dedica a mejorar el espacio público y crear, en algunos de estos edificios, equipamientos colectivos como los Centros de Formación Multidisciplinaria para Adultos o de destinarlos a sedes de organizaciones barriales, mejorando así la infraestructura y la calidad de vida en la zona.
Una experiencia latinoamericana, donde además interviene fuertemente el sector privado, es el de México D.F. Allí una fuerte decisión del Estado local, en manos de los ex comunistas del PRD y un empresariado sensato que hace negocios sin destruir la gallina de los huevos de oro, ha impedido la gentrificación del Centro Histórico, garantizando que los habitantes originales permanezcan en sus casas y que en los edificios reacondicionados como viviendas se instalen estudiantes, artistas, jóvenes y familias en busca de viviendas accesibles.
En Buenos Aires tenemos un ejemplo. Una las cooperativas de vivienda que integran el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos adquirió hace más de diez años un inmueble ocupado –en pleno Casco Histórico– que era propiedad del gobierno de la ciudad. No lo demolieron ilegalmente para construir una torre, como hubiera sucedido si caía en manos de los depredadores inmobiliarios. Los nuevos propietarios desarrollaron un proyecto de restauración del edificio y del entorno, para tener una vivienda digna y que el barrio recuperara un edificio valioso.
¿Es factible implementar en Buenos Aires un programa similar al de Bruselas? El gobierno de la ciudad posee miles de inmuebles –muchos de ellos ocupados por personas sin vivienda propia– que podrían ser restaurados mediante proyectos de autogestión financiados con el presupuesto del Instituto de la Vivienda.
Este organismo y sus antecesores en la materia no han demostrado capacidad de solucionar el problema habitacional por las vías tradicionales. ¿No es hora de innovar y aplicar una política que garantice dos derechos sociales al mismo tiempo, como son el acceso a una vivienda digna y la preservación de nuestra identidad cultural?
El jefe de gobierno y sus funcionarios, que hasta ahora no han mostrado una política activa en materia de vivienda social, como tampoco sucedió con sus antecesores inmediatos, deberían preguntarse, parafraseando al presidente Obama: “¿Cuál es el momento adecuado? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quiénes?”.
En Bruselas, en México y en el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos ya encontraron la respuesta: patrimonio arquitectónico y vivienda social pueden ir de la mano.
Teatros en peligro
La destrucción de teatros –y cines– ha sido una constante a lo largo de los años. En algunos casos, la desaparición de una sala tenía que ver con la construcción de otra más grande y mejor equipada, como sucedió con el traslado del Teatro Colón desde las inmediaciones de la Plaza de Mayo hasta la actual ubicación en la primera década del siglo XX. En otras oportunidades fueron incendios, catástrofes o atentados los que destruyeron salas maravillosas.
Pero también ocurre, cada vez más, que los depredadores inmobiliarios anteponen a todo criterio de bien común e incluso de posibilidades de inversión a largo plazo, una irrefrenable compulsión por el negocio inmediato, como ocurrió hace unos años con el Teatro Odeón, y con tantos otros. Ese edificio fue protegido por su interés cultural y arquitectónico hasta que Carlos Grosso, al frente de la ciudad a principios de la década del 90, dejó sin efecto la protección y autorizó la demolición en 1991.
La ley 14.800 de 1959 declaró de interés nacional la actividad teatral en todas sus formas y estableció que “en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida”.
En 1997 el por entonces ministro de Economía, Roque Fernández, dejó sin efecto esa ley, hasta que un año más tarde, el Dr. Beltrán Gambier –quien hoy reside en España y se encuentra al frente de la defensa del Teatro Albéniz de Madrid– presentó un amparo contra el Estado pidiendo la nulidad de semejante resolución y la acción tuvo sentencia favorable. En el 2003 el decreto presidencial 1180/03 derogó la fatídica resolución ministerial; sin embargo, esa norma sigue sin ser reglamentada y su operatividad es dificultosa.
La ley 14.800 de todos modos no es una solución completa, porque muchas veces no se pierde solamente un espacio escénico, sino que se demuelen edificios de un alto valor patrimonial que son irremplazables. Pero, al menos, no se sustituyen las butacas por espacios para estacionar autos o por góndolas de supermercado.
El cierre de salas en la ciudad de Buenos Aires ha sido doblemente grave, no sólo por la pérdida de numerosos cines y teatros, sino también porque muchos de ellos estaban en los barrios alejados del centro y su desaparición ha provocado una creciente hiperconcentración de la infraestructura cultural.
En los últimos años también hubo algunas buenas noticias en Buenos Aires. La recuperación del Teatro 25 de Mayo en Villa Urquiza y la efectiva intervención de la Legislatura, de la Subsecretaria de Cultura del gobierno porteño, Josefina Delgado, y de la ONG Basta de Demoler, además del activo apoyo de los referentes de Teatro Abierto, que permitieron salvar el Teatro El Picadero, donde no solamente se protegió el inmueble, sino que se preservó el uso como teatro, algo que sus nuevos propietarios deberán respetar.
Ese mismo camino debería seguir el cine-teatro El Plata del barrio de Mataderos, porque luego de pretender transformarlo en una oficina administrativa, la lucha de los ciudadanos que viven en el barrio, acompañada por legisladores de la oposición y por la Justicia de la Ciudad, impidieron ese destino gris para el inmueble, que por otra parte atentaba contra su protección patrimonial, y lograron que el ministro de Cultura, en persona, se comprometiera a que el gobierno de la ciudad destine los fondos necesarios para restaurarlo como espacio cultural.
El que seguramente se perderá definitivamente es el de Santa Fe al 1400, que últimamente estuvo destinado a una tienda de venta de objetos de decoración y del que pocos conocen su existencia. Allí funcionó el Teatro Versailles hasta 1955 y aún se conservan muchos de los elementos de su interior.
La defensa de los teatros en peligro tiene un aliado global: la organización no gubernamental International Observatory of Theatres at Risk (http://www.theatresatrisk.org), que se ocupa de alertar cuando un teatro está amenazado y proponer soluciones culturales y arquitectónicas para restablecerlo. En el listado de teatros en peligro destacan el Old Vic Bristol (Inglaterra), Teatro Cine Ideal, La Violeta, Sala Beckett, Arnau, Apolo, Principal, Bellas Artes, Albéniz, Betlem de Tirisiti, Mar i Terra, Bretón y Fleta (España).
Esperemos que estas y otras acciones contribuyan a detener la desaparación de salas teatrales, a que los gobiernos comprendan que preservar estos espacios es una obligación y un compromiso con el pasado, el presente y el futuro de la comunidad.
