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URGENTE: el patrimonio de Buenos Aires en peligro
El 31 de diciembre próximo pierde vigencia la ley 3056, único mecanismo de protección en Buenos Aires para los edificios que datan de antes de 1941. Cuando esto ocurra sólo quedaran protegidas de la piqueta las escasas construcciones catalogadas que existen en la ciudad.
En consecuencia, todo edificio, aunque tenga valor patrimonial, será considerado como terreno vacante por los intereses inmobiliarios, ya que estará habilitada su demolición.
Esto permitirá que se sigan destruyendo los barrios, perdiendo su identidad y alterando aún más su calidad de vida. Si a Ud. también le preocupa esta situación le pedimos que nos ayude enviando una carta a los legisladores solicitándoles la prórroga de la ley 3056, hasta tanto se complete la catalogación del patrimonio arquitectónico de toda la ciudad.
Para firmar entre a: http://www.parqueleonardopereyra.com/carta_legisladores.html
¿Vuelven las excepciones del Concejo Deliberante?
El Concejo Deliberante, antecesor parlamentario de la Legislatura porteña, fue tristemente célebre. El descrédito público estaba focalizado en una facultad que el Concejo ejerció en forma discrecional y casi siempre teñida de sospechas de corrupción: las excepciones al Código de Planeamiento Urbano. Se trataba de votar ordenanzas –muchas veces aprobadas entre gallos y medianoche– que autorizaban a construir en determinadas parcelas de la ciudad más metros –más altura– que los previstos para esa zona en la normativa vigente.
Tan grande fue el cuestionamiento público a estas prácticas que aún hoy, más de diez años después de sepultado el Concejo por la autonomía porteña, el término “excepción” sigue siendo una mala palabra en la Legislatura. Los reparos a esta metodología impactaron en la redacción de la Constitución de la ciudad, donde se estableció para las reformas al Código de Planeamiento Urbano un procedimiento de doble lectura, que exige dos votaciones con una mayoría calificada de 31 votos y con la obligación de realizar, entre una y otra, una audiencia pública para permitir la participación ciudadana en ese proceso.
Pero las “excepciones” mutaron en “interpretaciones” al Código y se dejaron en manos del Consejo del Plan Urbano Ambiental –Copua, en la jerga legislativa y administrativa porteña– y en algunos casos simplemente en la cabeza del director general de Interpretación Urbanística y el subsecretario de Desarrollo Urbano. Estas instancias son mucho menos expuestas para los que quieren construir, que el debate público que necesariamente se da en las reuniones de comisión y más aún en las sesiones del plenario de la Legislatura. Por lo tanto, están menos sometidas al control y a la participación de los ciudadanos.
Así es como, utilizando unas fórmulas incomprensibles para los legos y muchas veces arbitrarias o sujetas a la libre interpretación –y por lo tanto a la discrecionalidad del funcionario de turno– se construyen más pisos que los teóricamente habilitados. Otras veces, como ocurre actualmente en Caballito, directamente se incumple la ley y se utilizan argucias administrativas para evitar someterse a una norma que bajó las alturas en esa zona de la ciudad.
Pero todo esto parece no ser suficiente y si la Legislatura da curso al expediente 1116-J-2010 enviado por el jefe de Gobierno, volveremos directamente a los tiempos del nefasto Concejo Deliberante que aprobaba excepciones a la ley. El proyecto autoriza una obra “fuera del Código” nada más y nada menos que en el Area de Protección Histórica 3 Palermo Chico, para la ampliación de una sede diplomática, ubicada en la calle Tagle 2818.
El sincericidio del jefe de Gobierno es tal, que en los fundamentos del proyecto afirma que “en la actualidad la zonificación del inmueble corresponde al Distrito APH 3, Area de protección Histórica 3 Palermo Chico, Zona 2, del Código de Planeamiento Urbano; la finca no se encuentra catalogada, y según las normas de tejido vigentes para el área, el edificio existente excede los indicadores urbanísticos establecidos para la zonificación vigente”. Esto quiere decir que en esa parcela ya se ha construido más de lo que la ley actual autoriza para el área y el jefe de Gobierno solicita a la Legislatura que permita se construya todavía más.
Y prosigue, “para viabilizar la solicitud realizada por la Embajada de Canadá, en tanto corresponde a un inmueble destinado a representación diplomática, se presenta este proyecto de ley”, como si el hecho de que se trate de la representación de un Estado extranjero fuera suficiente argumento para violar un principio básico que es la igualdad ante la ley y contrariar la normativa de protección patrimonial vigente.
Los fundamentos del proyecto no aclaran si ha tomado intervención el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que obligatoriamente debe hacerlo previo al tratamiento de una ley de protección del patrimonio arquitectónico.
Tal vez en este caso puntual, si es cierto lo que expresan los fundamentos del proyecto, no sea tan grave porque supuestamente la construcción no se podrá ver desde la vía pública. De todos modos, lo grave es la rehabilitación de un sistema de excepciones, que por su propia naturaleza es discrecional y sospechoso. Ya se sabe que en la Legislatura ese tipo de excepcionalidades se transforman en regla de un día para el otro. Es de esperar que los diputados y diputadas rechacen este proyecto de ley y eviten así violentar la normativa vigente, y quedar asociados —“pegados” dirían en Perú 130– en forma tan evidente con los concejales desprestigiados de otros tiempos.
De lo contrario será el Poder Judicial porteño, tan atento a la protección del patrimonio arquitectónico, el que tendrá que declarar la inconstitucionalidad de una ley que autoriza a violar varias leyes vigentes e incluso la propia Constitución, que garantiza el derecho a la preservación del patrimonio cultural.
Otra vez, se hizo justicia
El caso de Montevideo 1250 fue un hito en la preservación del patrimonio arquitectónico en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la sanción del Código de Planeamiento Urbano en el año 2000 y hasta 2007 la presentación de un proyecto de catalogación de un inmueble recién tenía algún efecto cuando el subsecretario de Planeamiento Urbano dictaba una resolución inhibiendo la posibilidad de realizar obras y demoliciones en la parcela en estudio.
Esto a veces sucedía, algunas no, y otras llegaba tarde, cuando alertados por la existencia de un proyecto de ley que pretendía preservar un inmueble los depredadores se adelantaban y lo demolían antes de que la Legislatura pudiera tratar el proyecto. Más de una vez, la intención de un legislador de proteger un edificio significó, en la práctica, firmar el acta de defunción.
La presentación de un recurso de amparo por parte de la organización Basta de Demoler, abonado con los argumentos que le acercó al juez la entonces diputada Teresa de Anchorena, permitieron que en esa primera instancia y luego en la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario dieran fuerza legal a algo que era de sentido común.
Si la protección preventiva de un inmueble que se pretendía proteger quedaba librada a la discrecionalidad del subsecretario de Planeamiento de turno, se impediría a los diputados ejercer la facultad constitucional de legislar, permitiendo la demolición del edificio en cuestión antes de que terminara el por cierto engorroso trámite legislativo.
Este principio, de índole constitucional y no patrimonial, fue finalmente aceptado y ni siquiera los principales detractores del patrimonio se animaron a cuestionarlo. A partir de ese momento, la sola iniciación de un trámite de catalogación implicó la protección del edificio.
Pero hasta ahora no había sido aceptado este criterio para los casos en los que se encontrara en estudio de la Legislatura un proyecto destinado a modificar la rezonificación de un área, esto es, cambiar las alturas permitidas, por ejemplo, reduciéndolas, como ocurrió en Caballito.
Como este tipo de leyes requieren de un procedimiento de doble lectura –se trata en la Comisión de Planeamiento Urbano, el pleno de la Legislatura la aprueba en primera instancia, luego se realiza una audiencia pública, reingresa a la comisión, y posteriormente se vuelve a votar en el recinto– los depredadores inmobiliarios aprovechan ese período para solicitar permisos de obras por encima de las alturas que regirían luego de sancionada la ley.
Esto ocurrió en el caso de Caballito y en muchos otros casos que estaban en estudio. Lo mismo sucedió en Villa Pueyrredón, pero aquí los legisladores Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria) y Adrián Camps (Proyecto Sur) presentaron un recurso de amparo en representación de Karina Vanesa Matera, María Inés Saracco, Nilda Carmen Graciela Coppola, Rosa Noemí Bandera, Romina Castro Toth, Pablo Hernán Sánchez Peralta, Claudia Nora Poggi, Alfredo Javier Reca y Cristina Leonor Loredo, todos ellos ciudadanos porteños y habitantes del barrio.
El objeto de la medida, basada en el antecedente de lo resuelto por la Cámara en el caso de Montevideo, era lograr que la Justicia prohibiera al Ministerio de Desarrollo Urbano “el registro u otorgamiento de permisos de obras nuevas y/o ampliaciones respecto de la traza correspondiente a la Av. Salvador María del Carril, entre la calle Campana y la Av. De los Constituyentes, y de la calle La Pampa, entre la Av. de los Constituyentes y la calle Burela de esta Ciudad (en adelante “la traza”), para la construcción de edificios que contraríen los parámetros urbanísticos establecidos en el proyecto de ley de aprobación inicial”.
Es decir, pedían que el Poder Ejecutivo no pudiera autorizar obras que excedieran el límite de alturas que fijaba la ley que ya tenía aprobación inicial, y por lo tanto ya había recibido el voto favorable de la mayoría absoluta de los legisladores porteños.
La magistrada Andrea Danas, fiel representante de ese grupo de jueces porteños que nos tienen acostumbrados a adoptar medidas acertadas y a favor de los ciudadanos, en este y otros temas sensibles, resolvió “ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspender el registro u otorgamiento de permisos de obras nuevas o ampliaciones respecto de la traza para la construcción de edificios que contraríen los parámetros urbanísticos establecidos en el proyecto de ley de aprobación inicial publicado en el Boletín Oficial nº 3318, del 10/12/2009, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión ordinaria del 26/11/2009, y que tramita en dicho cuerpo bajo el expediente N 546D2009, hasta el dictado de la sentencia definitiva de autos. Esta medida incluye todos aquellos trámites iniciados hasta el presente o los que se soliciten en lo sucesivo, aun cuando se hubiese otorgado certificado de uso conforme o certificado de uso conforme condicional”.
El 13 de mayo de este año la Legislatura sancionó la ley 3447, demostrando en los hechos que de no haber existido la rápida intervención de los legisladores y de la Justicia se habría vulnerado la facultad de los diputados y los derechos de los ciudadanos, como ocurrió con los permisos que se otorgaron desde el momento en que se aprobó inicialmente la ley e incluso desde que comenzó el trámite parlamentario.
Si bien sabemos que la resolución de la Justicia en un caso particular no es aplicable automáticamente a todos los casos, también es cierto que la contundencia y razonabilidad de una decisión judicial muchas veces modifica las conductas erradas de los funcionarios, a veces por convicción y otras por precaución.
Esta medida cautelar solicitada por diputados de cuatro bloques opositores, que demuestra además la transversalidad política del tema patrimonial –tan transversal como el lobby de los depredadores que tienen representantes en casi todos los bloques parlamentarios–, debería producir dos efectos.
El primero es que el ministro de Desarrollo Urbano dicte una resolución para que los funcionarios se abstengan de otorgar permisos de obra cuando un proyecto de ley para bajar las alturas de un área de la ciudad se encuentre en estudio, más aún si recibió aprobación inicial.
El segundo efecto debería ser que el Ministerio de Cultura de una vez por todas reglamente el procedimiento de protección preventiva de los bienes que se encuentren en análisis para ser declarados como integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo ordena el decreto 312/06 reglamentario de la ley 1227 y firmado hace ya más de cuatro años.
Si esto no ocurre seguramente seguirá habiendo reclamos judiciales cada vez que se avance en la regulación de alturas en la ciudad y se autoricen obras que puedan menoscabar la facultad de los legisladores y los derechos de los vecinos. En esos casos la responsabilidad de los funcionarios que firmen los permisos de obra será ineludible, porque la Justicia porteña ya avisó.
El escándalo del Teatro Opera (citi) llegó a la Feria del Libro
Sábado feriado. Día del trabajador. Cola interminable desde el acceso de Av. Sarmiento hasta Plaza Italia para entrar a la Feria del Libro.
En ese marco se realizó la mesa redonda sobre Patrimonio Cultural organizada por la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro impulsado por su flamante Secretaria General Mónica Capano, fue la ocasión propicia para que se hablara de temas que antes quedaban en las reuniones de expertos y no mucho más.
En la Comisión, que tiene la enorme responsabilidad de ser la instancia de asesoramiento del Régimen de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, parece que las cosas están cambiando. Ahora son los ciudadanos los que opinan y se expresan, por eso en la mesa estaba la organizadora, un trabajador de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, carpintero ebanista, que en pocas palabras describió mejor que cualquier especialista porque su labor y la de otros trabajadores de ese -y otros oficios- es un patrimonio intangible y remarcó la necesidad de que los ciudadanos se comprometan en la defensa de su patrimonio cultural.
También estaba el arqueólogo Marcelo Weisel, responsable, por citar sólo su más reciente logro, de la recuperación del galeón encontrado en Puerto Madero y que ya descansa en su lugar definitivo en La Boca.
Y si de ciudadanos comprometidos se trata, en la mesa estuvo uno de los más recientes ejemplos. Ricardo Watson que en pocos días logró que casi diez mil personas se adhirieran a su reclamo para que se le devuelva el nombre al Teatro Opera, que por una desacertadísima e ilegal acción de marketing del Banco Citi fue cambiado, en el marco de una obra sin permiso y violando varias leyes vigentes en la ciudad de Buenos Aires.
Watson explicó como en una semana, pasó de la indignación por la noticia publicada en un diario porteño a lograr una movilización ciudadana a través de Facebook que provocó la intervención de la Defensoría del Pueblo, de diputados de la oposición, de ONGs y numerosos expertos en patrimonio. Los únicos que siguen en silencio, tal como lo recordó este ciudadano comprometido, son los Ministerios de Cultura y de Desarrollo Urbano que deberían haber hecho cumplir la ley. Hasta los del banco intentaron en un principio dar explicación inconsistentes ante tanto atropello e ilegalidad.
Luego subió al estrado Adriana Angeloni y explicó como el Fondo Metropolitano de las Artes, la Ciencias y la Cultura puede servir para financiar la restauración de inmuebles patrimoniales, y hubo lugar también para el reclamo ciudadano, en la voz de un representante de Basta de Demoler, que exigió mayor severidad en la protección del patrimonio.
La nota de color en esta jornada patrimonial la pusieron dos bellas damas antiguas y un caballero de polainas que distribuían el material de difusión, y competían en popularidad entre los más chicos, con los Granaderos y Patricios que son la novedad de esta Feria del Libro del Bicentenario.
El silencio de los negligentes
La aprobación de un régimen de penalidades para sancionar a los depredadores inmobiliarios es una deuda pendiente en la ciudad. La mejor ley de protección patrimonial no logrará detener las demoliciones de edificios valiosos si la destrucción ilegal –habitualmente de noche, durante fines de semana o feriados– no está perseguida y penalizada, o los castigos se aplican muy excepcionalmente y no provocan grandes preocupaciones en sus destinatarios.
Peor aún si las sanciones se limitan a los edificios catalogados, pero nada sucede cuando se destruye un edificio que se encuentra en estudio o protegido preventivamente por haber sido construido antes de 1941.
Cuando hace dos años el Ejecutivo porteño sancionó con la suspensión de la matrícula por un plazo de 15 años al arquitecto involucrado en la demolición de un edificio en la calle Bolívar, todos creímos que las cosas habían cambiado, pero siguen igual… o peor.
La laxitud de la norma que permitió sancionarlo dio lugar a que la Justicia le admitiera una medida cautelar y suspendiera el castigo, hasta tanto se determine en sede judicial si es responsable o no, algo que aún no se ha resuelto. El Ejecutivo recién contestó la demanda hace una semana, lo que demuestra que no hay un gran interés en que avance la causa. En muchos otros casos ni siquiera hay un profesional (ir)responsable a quien perseguir.
La renovada viveza es demoler los inmuebles de adentro hacia afuera y luego, ante el hecho consumado, justificar que el deterioro es irreversible y que el estado del edificio implica un peligro público. Los depredadores han llegado al extremo de convocar a la Guardia de Auxilio para que apuntale los edificios que ellos mismos han deteriorado y recomiende su demolición. Esto sucede porque el régimen de sanciones de la Ley de Patrimonio Cultural, que el Poder Ejecutivo debería haber enviado hace 6 años a la Legislatura, sigue brillando por su ausencia.
El muy buen proyecto que había elaborado la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que proponía incorporar un capítulo sobre el tema en el Código Contravencional y que la propia titular del organismo anunció en las páginas de m2, ha quedado en el olvido. Sus colegas de Desarrollo Urbano se sentaron arriba del expediente y con el largo tiempo transcurrido ya se trata de algo más que un acto de negligencia. El silencio se debe a que en el Ministerio de Fabricar Opositores –como lo denomina con agudeza el editor de m2– no quieren sancionar a los depredadores patrimoniales y menos aún admitir que la Ley de Patrimonio Cultural designa como autoridad sobre la materia y le otorga el poder de policía al Ministerio de Cultura.
Pero lo más grave es que, a la vez que dejan indefenso al patrimonio cultural porteño, al incumplir con la ley, exponen al jefe de Gobierno a una posible imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A esta altura, la Legislatura porteña debería tomar cartas en el asunto y no solamente promover la investigación de las eventuales responsabilidades que les quepan a los funcionarios involucrados, sino también derogar el artículo de la ley 1227 que le ordena al Poder Ejecutivo elaborar ese régimen y trabajar rápidamente para redactar y sancionar un proyecto surgido del propio cuerpo legislativo. Tal vez éste sea uno de los principales desafíos para la gestión que acaba de comenzar el diputado Patricio Di Stefano como presidente de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura.
Todo el poder a los blogs
Ya es cosa del pasado suponer que los ciudadanos sólo se expresan en los asuntos públicos con su voto –cada dos o cuatro años, según mande el calendario electoral– o en grandes movilizaciones y piquetes en el espacio público. Hay formas más sutiles y muy efectivas. También debería haber quedado en desuso pensar que los temas referidos al patrimonio cultural y en especial a la preservación arquitectónica y paisajística son cuestiones limitadas a vecinos nostálgicos o a especialistas alejados de la realidad cotidiana de una gran ciudad como Buenos Aires. Malas noticias para los políticos y funcionarios que sólo desearían preocuparse por un puñado de temas de una tradicional y limitada agenda política. Así lograrían evitar tener que rendir cuentas en la gestión del día a día o hacerlo, en el mejor de los casos, en época de campaña electoral. Y también podrían evitar tomar decisiones oponiéndose a intereses poderosos en pos del bien común.
Todo esto ha cambiado. Los fructíferos reclamos de los vecinos de Caballito contra las torres indiscriminadas se multiplicaron en acciones vecinales que demandan la preservación del patrimonio en los distintos barrios de Buenos Aires. De Recoleta a Parque Avellaneda, de Devoto a Floresta, de Barracas a Belgrano, de Villa del Parque a Palermo, y hoy en plena efervescencia en Floresta y San Telmo, por citar algunos casos representativos, los ciudadanos demostraron que hacen escuchar su voz, y crean el contexto político para que los funcionarios y políticos que sí se comprometen con el tema tengan el espacio para actuar. Los números son elocuentes: en los primeros diez años de existencia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se sancionaron 54 leyes de protección del patrimonio; en los últimos dos y medio fueron votadas más de 35.
La voz de los ciudadanos se expande hoy por blogs, correos electrónicos y a través de la prensa y en la Justicia, y ya es más que un simple reclamo. Es una opinión autorizada, avezada en códigos y leyes de protección patrimonial, muy consciente de los derechos constitucionales que consagran la preservación del patrimonio cultural como un derecho más y tan exigible como otros.
Si duda, esta nueva presencia en la escena política local habrá sorprendido a los asesores de las comisiones de Obras Públicas, Tránsito y Transporte, Planeamiento Urbano y Presupuesto y Hacienda, cuando un centenar de vecinos se dieron cita en la Legislatura, con las normas vigentes en la mano, exigiendo ser escuchados previo a la ejecución del proyecto denominado “Prioridad Peatón” que amenaza con alterar el patrimonio cultural del Casco Histórico de la Ciudad.
Llegó la hora de tomar nota: a los vecinos hay que escucharlos todos los días y más cuando se trata de obras de gran envergadura y dudosa legalidad, que ponen en riesgo la calidad de vida de un barrio.
