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Patrimonio supremo
Hace unos meses relatamos en esta columna la vergonzosa aprobación del Código de Ordenamiento Urbano (COU) de La Plata, que entre otras cosas eleva a 45 metros la altura permitida en el casco fundacional de la ciudad.
Fue sancionado sobre tablas, sin debate y pasando sólo por una reunión de la Comisión de Planeamiento, de la que echaron a los vecinos e impidieron el acceso a la prensa. Abusaron también de la interpretación de las ordenanzas vigentes para evitar el procedimiento de audiencia pública y no se consultó al Colegio de Arquitectos ni a la Facultad de Arquitectura de la Universidad, tal como manda la ley.
La aprobación de este siniestro código fue sólo una de las depredadores medidas impulsadas por el intendente platense, que además disolvió la Comisión de Sitio –encargada, en su momento, de comandar la postulación de la ciudad como Patrimonio Mundial ante la Unesco– y la Dirección de Preservación de Patrimonio. También dejó sin efecto la ordenanza que protegía 1826 edificios históricos.
Todo esto se hizo frente a la mirada impotente de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos, que luego admitió –como respuesta a un pedido de informes del diputado nacional Horacio Piemonte– que deberían haber intervenido en forma previa a la aprobación del COU, porque el casco fundacional de La Plata fue declarado Monumento Histórico Nacional por el decreto 1308/99 del Poder Ejecutivo Nacional.
Este criterio fue ratificado por la Cámara Federal de La Plata que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la Asociación Civil La Ciega, y le recordó a la comisión nacional el incumplimiento de su misión básica, que es controlar y establecer los criterios para las intervenciones sobre monumentos históricos nacionales.
La respuesta tardía de la comisión fue enviar una nota al gobierno de la provincia de Buenos Aires refrescando las facultades que le otorga la ley 12.665, y exigiendo que previo a la aprobación de este tipo de normativa se los consulte.
La carta no parece haber tenido mucho eco, porque hace pocos días el gobernador Daniel Scioli anunció la promulgación del COU, y al menos según los informes pormenorizados que la comisión publica mensualmente sobre su actuación, sus integrantes no opinaron sobre el contenido, algo que por otra parte hubiera obligado a que la ordenanza fuera rechazada y discutida nuevamente en el Consejo Deliberante de La Plata.
El gobernador seguramente entendió que no debía someterse a las decisiones de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos. Tal vez lo confunda el hecho de que el presidente de la comisión, arquitecto Martín Repetto, sea a la vez subordinado suyo, ya que también se desempeña como subsecretario de Obras Públicas del gobierno de la provincia.
Los que sí entendieron de qué se trata todo esto son los jueces de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que la semana pasada dictaron una medida cautelar suspendiendo la aplicación del Código de Ordenamiento Urbano, en el marco de un recurso de inconstitucionalidad presentado por las organizaciones no gubernamentales Fundación Biosfera, asociación civil Hoja de Tilo y asociación civil Nuevo Ambiente.
Estas organizaciones de ciudadanos se presentaron a la Justicia con el asesoramiento de la Dra. Ana María Bóscolo, de amplia y reconocida trayectoria en la investigación de las normas jurídicas de protección del patrimonio cultural, y de los doctores Sisti y Di Gregorio.
Pidieron que el COU sea declarado inconstitucional, porque “vulnera los artículos 16, 31 y 41 de la Constitución Nacional, 11, 28, 38, 41 y 44 de la Constitución de la provincia y disposiciones de tratados internacionales de jerarquía constitucional”.
La Suprema Corte hizo lugar a la suspensión de la aplicación del código, y destacó que la demanda exhibe argumentos y se apoya en prueba documental que, prima facie analizadas, dan sustento a la pretensión que contiene, teniendo en consideración que la derogación de las normas y medidas operativas que establecían protecciones urbanísticas efectivas en relación a ciertos inmuebles considerados anteriormente valiosos desde el punto de vista arquitectónico y cultural han sido derogadas sin que se establezca en su reemplazo ningún otro régimen tuitivo y que los indicadores urbanísticos de este nuevo ordenamiento autorizan, en última instancia, un uso más intensivo del suelo en el área del casco fundacional de la ciudad”.
Y en función de la contundencia de los argumentos presentados, resolvieron “decretar la suspensión, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos, de los efectos de la ordenanza 10.703/2010 de la Municipalidad de La Plata, y ordenar al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires que se abstenga de dictar o, en su caso, publicar, el acto administrativo aprobatorio de la ordenanza 10.703/2010 de la Municipalidad de La Plata”.
Esta misma Corte fue la que hace unos años ordenó la demolición de un edificio nuevo en Cariló, porque se había vulnerado la ley de protección ambiental del área.
Todo un ejemplo de independencia y coherencia conceptual. Ya no se trata sólo de la opinión de un juez supuestamente díscolo, sino de la postura unánime de la mismísima Suprema Corte de la provincia más grande del país, que dejó en claro que la preservación del patrimonio arquitectónico es un derecho constitucional y que como tal debe ser respetado. Los funcionarios a cargo de su protección ¿cuándo lo van a entender?
Posgrado en Gestión y Políticas Culturales – UNLP
El 1 de abril en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, se llevó a cabo el acto de apertura de la primera edición del Programa de Posgrado en Gestión y Políticas Culturales destinado a graduados universitarios y personas que tengan experiencia en el campo de la gestión cultural que quieran profesionalizarse en el área. El proyecto es canalizado a través de dicha facultad, con el auspicio del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la colaboración de la Fundación Ciudad de La Plata y la Fundación Teatro Argentino.
Durante la presentación de los lineamientos que van a regir el posgrado, estuvieron presentes los diferentes responsables de los organismos que forman parte de esta novedosa apuesta. El presidente del Instituto Cultural, Lic. Juan Carlos D´Amico; el Decano de la facultad de Ciencias Económicas, Lic. Martín López Armengol y el Coordinador Académico del Posgrado, Pedro Delheye.
En primer lugar, el Arq. Pedro Delheye explicó los detalles del programa. Entre sus reflexiones sostuvo que “no hay duda que la gestión cultural es una herramienta fundamental para contribuir a un desarrollo integral de la sociedad”
A continuación el Lic. López Armengol, sostuvo que este programa “se constituye en la primera experiencia en la región y que suceda en una ciudad cuna de la cultura como lo es La Plata constituye un motivo de orgullo”
Por último y cerrando la exposición el Lic. D`Amico expresó su propia experiencia como gestor cultural y reflexionó acerca del rol de los gestores culturales “El desafío es hacer realidad lo que mucho declamamos: que cultura es construcción de ciudadanía, profundización del espíritu democrático, defensa de los derechos humanos, despertar del espíritu crítico, estimuladora de la creatividad y transmisora de valores entre otras virtudes”
El posgrado surge con la idea de contribuir a la profesionalización de agentes, capaces de desempeñarse en organizaciones públicas, privadas o asociativas, dedicadas a la gestión de bienes y servicios culturales que tengan como propósito el desarrollo humano y de la comunidad, capacitándolos en los aspectos relacionados al diseño, desarrollo y evaluación de políticas y proyectos culturales, fortaleciendo a la vez, un espacio de diálogo e intercambio de experiencias y conocimientos.
Durante la presentación también estuvieron presentes el contador Fernando De Rito, la presidenta de la Fundación Teatro Argentino, Sra. Ana María Unchalo, el secretario de investigación y posgrado, Eduardo Di Giusti.
Patrimonio, un caso federal
La ciudad de La Plata, como ya dimos cuenta en este suplemento, se encuentra amenazada por una serie de medidas del actual intendente que comenzaron con la derogación de las normas de protección patrimonial, siguieron con la disolución de las áreas de gestión en la materia y concluyeron con la escandalosa aprobación de un Código de Ordenamiento Urbano ilegal.
La capital de la provincia de Buenos Aires es uno de los pocos ejemplos, y uno muy destacado, de ciudades planificadas desde cero. En 1880 se decidió la creación de la ciudad de La Plata, luego de que se declarara a Buenos Aires como Capital de la República. El entonces gobernador de la provincia, Dardo Rocha, fue el encargado de llevar adelante esta obra, para la que se realizaron estudios que determinaron su emplazamiento en las cercanías de Ensenada.
El diseño comandado por Pedro Benoit es aún hoy reconocido por su trazado cuadrado, por sus diagonales, su bosque y por sus plazas, colocadas con exactitud en el damero cada seis cuadras. Un proyecto urbanístico sin precedentes en nuestro país que le permitió hace una década ser postulada para integrar la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, algo que no prosperó por la desidia y negligencia de las autoridades locales.
El nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), aprobado a comienzos de este año, eleva a 45 metros la altura permitida en el casco fundacional de la ciudad, algo que a todas luces atenta contra su valor patrimonial y destruye el medio ambiente urbano.
La sanción de esta ordenanza fue claramente ilegal porque se hizo sin solicitar la opinión de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos que debería haber intervenido obligatoriamente.
El casco fundacional de La Plata fue declarado como Monumento Histórico Nacional por decreto 1308/99, y por lo tanto se encuentra protegido por la Ley Nacional 12.665, que creó esa comisión y le otorgó la facultad de ejercer la superintendencia directa sobre los bienes históricos protegidos.
Así lo entendieron un grupo de ciudadanos que integran la Asociación Civil La Ciega y que presentaron un recurso de amparo ente la Justicia federal. En primera instancia el juez consideró que no era un tema federal y rechazó la medida, pero esta semana la Cámara Federal de La Plata revocó la resolución del juez y le ordenó resolver la medida cautelar solicitada que busca impedir que continúe la destrucción de la ciudad.
La Cámara Federal resolvió favorablemente la competencia por considerar que la principal demandada es la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que omitió intervenir previamente a la sanción de la ordenanza.
La comisión hace unas semanas, ante un pedido de informes del diputado nacional Horacio Piemonte, reconoció públicamente su ignorancia sobre el tema y la obligatoriedad de ser consultada en estos casos y le pidió al gobierno provincial que se lo recuerde a los municipios.
Seguramente la Justicia exigirá una actitud más activa por parte de la Comisión Nacional, si tenemos en cuenta los términos de la resolución de la Cámara Federal. Argumentar desconocimiento –más aún sobre una norma que desde hace meses está publicada en el Boletín Municipal– no parece ser una justificación contundente para funcionarios públicos que tienen la obligación de hacer cumplir la ley.
La Plata: un plan sistemático de destrucción del patrimonio
En 1880 se decidió la creación de la ciudad de La Plata, luego de que se declarara a Buenos Aires como capital de la República. El entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, fue el encargado de llevar adelante esta obra, para la que se realizaron estudios previos –sana costumbre, olvidada por los funcionarios actuales- que determinaron su emplazamiento en las cercanías de Ensenada.
Un equipo de urbanistas, comandados por Pedro Benoit, fueron los responsables de diseñar la ciudad y se llamó a concurso internacional para los proyectos de los edificios públicos más importantes. La Plata es reconocida por su trazado cuadrado, por sus diagonales, su bosque y por sus plazas, colocadas con exactitud en el damero cada seis cuadras. Un proyecto urbanístico sin precedentes en nuestro país que le permitió ser reconocida internacionalmente hasta nuestros días y ofrecer una calidad de vida ejemplar a sus habitantes.
Estas características hacían que fuera razonable su candidatura para ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, no como el engendro porteño cuyo fracaso era obvio desde el inicio. La postulación de La Plata la impulsó durante su gestión el ex Intendente Julio Alak, hoy Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que también aprobó una norma de protección preventiva del patrimonio arquitectónico, que preservó hasta su análisis definitivo 1700 edificios de la ciudad.
Este régimen y la normativa de Rosario, fueron los antecedentes que utilizó la ex diputada Teresa de Anchorena para impulsar en Buenos Aires las leyes 2548 y 3056 que protegen en la actualidad, y hasta el 31 de diciembre de este año, a todos los edificios construidos antes de 1941.
Las últimas noticias que llegan de La Plata son vergonzosas. El Concejo Deliberante aprobó un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) que eleva a 45 metros la altura permitida en el centro histórico de la ciudad.
Fue sancionado sobre tablas, sin debate y pasando solo por una reunión de la Comisión de Planeamiento de la que echaron a los vecinos e impidieron el acceso a la prensa. Abusaron también de la interpretación de las ordenanzas vigentes para evitar el procedimiento de audiencia pública y no se consultó al Colegio de Arquitectos y a la Facultad de Arquitectura de la Universidad, tal como manda la normativa vigente y que –curiosamente- se oponen al proyecto.
Los concejales de la oposición se retiraron del recinto porque como informó la concejala Julia Larcamón, al momento de votar, no se les había entregado los planos y documentación necesaria para poder analizar la normativa que estaban aprobando. Tampoco se realizaron diagnósticos que permitieran evaluar las necesidades de infraestructura sanitaria y de servicios en un casco histórico ya colapsado.
Por supuesto, los que si apoyan la medida son las cuatro o cinco grandes inmobiliarias de la ciudad, en representación de los Depredadores Patrimoniales locales, que junto a los funcionarios de turno atentan contra el valor patrimonial de toda una ciudad.
La aprobación de este siniestro código es un paso más dentro de un plan sistemático de destrucción del patrimonio, que incluyó el cierre de la Comisión de Sitio –encargada de comandar la postulación como Patrimonio Mundial- y de la Dirección de Preservación de Patrimonio. Estas medidas junto con la aprobación de una ordenanza que limitara las alturas y la sanción de un régimen de catalogaciones -luego derogado-, habían sido los pasos exigidos por la UNESCO para admitir la candidatura.
El arquitecto Pedro Delheye, director general de Cultura y Educación del municipio en el momento en que se avanzó en la protección del patrimonio, denuncia que “desde los días previos a la sanción del nuevo COU se están comprando la mayoría de las casas de la época fundacional para que, una vez aprobada la iniciativa, se comiencen a demoler y allí montar enormes edificios privados. Como resultado, quieren permitir que en el Casco Fundacional se construya sin límites ni control del Estado”.
Pero una vez más, los ciudadanos salen a reclamar por su calidad de vida y se oponen a este código ilegítimo. Reunidos en el Grupo Casas Bajas y Antiguas de La Plata y en el grupo “Para que no destruyan la ciudad de La Plata” creado en Facebook, alertan también sobre el avance de las construcciones en el bosque.
El pulmón verde de la ciudad se redujo con los años a una quinta parte de sus 250 hectáreas originales, y actualmente, la Universidad Nacional de La Plata y los clubes deportivos avanzan con nuevas construcciones que desvirtúan su uso original y reducen los espacios verdes.
¿Habrá tiempo para que los funcionarios reflexionen y reviertan esta medida antes de que comiencen a demolerse edificios valiosos y se pierda para siempre el emblemático bosque de La Plata? ¿Tendrá que ser la justicia, como ocurre frecuentemente en la Ciudad de Buenos Aires, la encargada de poner límite a este atropello?
Lo que sí está claro es que la planificación urbana y la protección del patrimonio arquitectónico ya no son temas que puedan resolver los funcionarios, arquitectos y depredadores patrimoniales entre cuatro paredes. Y si lo hacen, es evidente, pagarán el costo político de tomar medidas contra los intereses de los ciudadanos, que cada día son más conscientes de sus derechos y se movilizan en mayor número para defender el medio ambiente urbano.
Y los que todavía no se enteraron pueden darse una vueltita por Facebook o leer al ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, que hace pocos días afirmó que las “Redes de ciudadanos que se organizan entre sí [en internet], a lo mejor ahora van a configurar un verdadero quinto poder y podrán los ciudadanos directamente entrar a definir cuáles serán los temas de la agenda política que a ellos les interesan”.
(Publicado en el diario Página/12 el 15-05-2010).
Escándalo en La Plata
El Concejo Deliberante de La Plata aprobó sobre “tablas” (esto es sin seguir el procedimiento ordinario y como si se tratara de un tema urgente) el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, autorizando construcciones de 45 metros de altura en el centro histórico.
La Plata, que es una joya de la planificación urbana del siglo XIX y que estuvo postulada a la lista de Patrimonio Mundial, de esta forma quedará en manos de los Depredadores Patrimoniales.
La ordenanza se aprobó sin que los concejales -la oposición se retiró del recinto- tuvieran acceso, al momento de votar, a los planos y a la documentación que permitiera evaluar la magnitud de la medida y con el rechazo hasta del Colegio de Arquitectos y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata.
Un escándalo sin igual que ha movilizado a los ciudadanos, tal como ocurre en cada ciudad y pueblo del país donde se atenta contra el patrimono edificiado.
