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Patrimonio Revitalizado
El año pasado, la provincia de Jujuy impulsó un excelente proyecto de ley de protección patrimonial. No sólo se trataba de una propuesta inteligente sino que, en base a un proyecto presentado por una diputada local, se generó un constructivo debate que involucró a funcionarios, legisladores, arquitectos, ingenieros y numerosos ciudadanos interesados en el tema, todos ellos aportando a un objetivo compartido.
Pero eso no es todo. El 7 de diciembre, en el marco de la celebración del Día del Periodista, inauguraron las obras de restauración de la “Casa Macedonio Graz”, en el casco histórico de San Salvador de Jujuy. Esa fue la residencia del periodista jujeño Macedonio Graz, que en 1856 fundó el periódico El Orden, primero de la provincia. El antiguo solar, conocido como “La Quinta”, fue reconstruido en su totalidad, manteniéndose los estilos coloniales e italianizantes propios de las tradicionales construcciones locales. Se le restituyeron varios de los rasgos estructurales que la identificaban como un referente de alto valor identitario en la cultura norteña. Este proyecto se remonta al año 2005, cuando el gobierno de Jujuy inició un proceso de reconstrucción del sitio para un centro cultural.
La obra incluyó la recuperación de una parte importante de los ambientes domésticos y sociales, devolviéndole un espíritu de época que revelan las formas y estilos de vida de una familia que puso sello a la política, a la cultura y a la identidad argentinas. También se logró reintegrar el mobiliario original del siglo XVIII y XIX, las rejas, las paredes de adobes y tejas y los árboles frutales originales que aún hoy se mantienen en el patio central, además del piso damero de 150 años de antigüedad.
El destino de centro cultural y museo permitirá cumplir con dos objetivos fundamentales de un inmueble histórico de este valor: su revitalización con un uso acorde con el valor patrimonial protegido y la posibilidad de que los ciudadanos accedan libremente para disfrutar de un espacio de tanta calidad constructiva y enorme valor simbólico. El museo albergará la sala del periodismo jujeño, que refleja el devenir histórico del periodismo gráfico en el Norte argentino, y una sala para exposiciones temporarias, sumando así una infraestructura cultural de gran importancia a la capital de la provincia.
La inauguración de la Casa Graz significa también la culminación de un gran proyecto de revitalización patrimonial que comprendió la intervención en la denominada “Manzana de la Cultura”, conformada por los edificios de arquitectura emblemática de la provincia, en donde se han potenciado las fachadas y patrimonios edilicios de la Escuela de Danzas, la Escuela de Cerámica, la Escuela de Música, y del Teatro Mitre, este último declarado Monumento Histórico Nacional en 2000, mediante la ley 25.312. Los responsables del área de patrimonio, felices por la tarea cumplida, esperan ahora que esto sirva para “sensibilizar la opinión pública de la comunidad e impulsar la concientización local sobre los usos del patrimonio en crisis, que debe estar acompañada por la sanción de una ley provincial que proteja, regule y controle los marcos conceptuales y materiales del patrimonio en la provincia y la región”. Esperemos que pronto puedan celebrar también la sanción de esa ley.
Justicia injusta
La grata sorpresa que provoca saber que en Jujuy los gobiernos provincial y municipal, y el Colegio de Arquitectos, trabajan activamente en la protección del patrimonio arquitectónico, y que la Legislatura provincial debate un proyecto moderno e inteligente de ley de patrimonio cultural, se transforma en desazón cuando uno posa la mirada en la vecina provincia de Salta.
Es curioso que esta provincia, orgullosa de sus tradiciones, destruya su patrimonio arquitectónico y dé rienda suelta a los depredadores patrimoniales. Más aún cuando desde la página de turismo del gobierno de la provincia se invita a visitar la capital, destacando que allí “la escala humana se mantiene y las visuales a los cerros, el cielo y el sol participan del paisaje urbano”. Algo que es cada vez menos cierto.
La contradicción oficial es tal que el intendente Miguel Isa expresó hace unos meses a los medios locales: “Vivimos en una ciudad de 34 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho y no podemos seguir creciendo de manera horizontal, tenemos que irnos (edificar) para arriba”. Y remató, “ya no son épocas de pensar en construir un chalecito en el centro para sacar la silla a la vereda a la hora de la oración”.
Pero a la vez que se autoriza la construcción de edificios en altura en el centro histórico de la ciudad, se restringe el acceso vehicular y el estacionamiento, provocando un caos que padecen día a día los ciudadanos salteños.
Los edificios públicos, en cambio, se desplazan a polos urbanos alejados del centro, lo que supone una política de planificación mucho más lógica para descomprimir el centro de la ciudad. Esta actitud esquizofrénica en la planificación urbana, sumada a la aprobación de excepciones a las normas de protección patrimonial en lo que se refiere a la construcción privada, sólo puede ser explicada por una posible connivencia entre los intereses económicos de los depredadores y las autoridades de turno.
Ahora la nota la puso la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, que en plena feria judicial, en un expediente judicial que ya llevaba varios meses de trámite, declaró nula una resolución de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico de Salta, que impedía demoler un inmueble de altísimo valor patrimonial. Como si el tema no pudiera esperar quince días más para que sea resuelto en el ámbito y plazo habitual, en lugar de hacerlo en un período en el que la Justicia sólo actúa por razones de urgencia y excepcionalidad.
El insólito fallo firmado por los jueces Marcelo Ramón Domínguez y Liliana Paz de Gómez indica que resultaba razonable que la Copaups exigiera al propietario un informe sobre la viabilidad de la recuperación del inmueble, pero que la falta de presentación del aludido informe no justifica por sí sola la prohibición para demoler el inmueble. A ver si se entiende: la Comisión de Patrimonio, que ya había denunciado y sancionado al propietario por realizar una demolición ilegal, le pide que informe si el inmueble que él mismo demolió puede ser recuperado, éste no presenta el informe y para los jueces ello no impide que se le pueda otorgar el permiso de demolición, aunque aún no se sepa si es recuperable o no. Curioso criterio el de los magistrados salteños.
Pero eso no es todo. Señala la sentencia judicial que “en las condiciones en que el certificado ha sido denegado, la resolución impugnada aparece desprovista de fundamentos técnicos específicos que permitan saber la razonabilidad de la misma y sirvan al titular del dominio para conocer claramente sus derechos y obligaciones. En tales circunstancias, se estima que la solución que se impone es la de declarar la nulidad de la resolución que deniega el pedido de intervención, en tanto afecta de manera significativa el derecho de propiedad del actor, cuya tutela cabe potenciar por tratarse de uno de los que más intensa protección ha dispensado nuestra Carta Magna”.
Los magistrados parecen desconocer la reforma constitucional de 1994, que también protege intensamente el derecho a la preservación patrimonial, en el marco de la protección del medio ambiente, estableciendo que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
Pero lo más grave es la afirmación de que el propietario no podía conocer claramente sus derechos y obligaciones, algo que había sido rebatido por el dictamen de la fiscal, ya que ese inmueble estaba protegido por una ley provincial de preservación del patrimonio arquitectónico.
Y si algún argumento faltaba, la decisión judicial agrega que “no es un dato menor además reparar que durante todos esos meses de tramitación de la causa, por mérito del apuntalamiento de la fachada, se ve dificultado de modo significativo el tránsito peatonal y vehicular en una calle de gran flujo de peatones y automóviles”.
Demasiadas incongruencias para un fallo veraniego, dictado innecesariamente en plena feria judicial, y otra vez a favor de los intereses económicos de los depredadores patrimoniales y en contra del derecho de los ciudadanos a la preservación del patrimonio cultural.
Consenso jujeño
En una reciente visita a Jujuy, invitado por la arquitecta Elena Bardi, directora de Preservación de Patrimonio del gobierno de la provincia, pude comprobar el profesionalismo de los funcionarios y el compromiso de todos los actores involucrados la preservación patrimonial. La intensa jornada de trabajo incluyó reuniones con el intendente Raúl Jorge, que sorprende por su conocimiento y compromiso con el tema patrimonial. Es arquitecto y cuando era concejal fue el autor de la ordenanza de protección de los edificios valiosos de la ciudad. Tener a la máxima autoridad política del municipio comprometida con la defensa del patrimonio cultural es algo que no sucede a menudo y que los jujeños deben aprovechar para resguardar sus edificios y ponerlos al servicio de una política de promoción del turismo y de desarrollo sustentable.
En las reuniones de trabajo también participaron la ingeniera Mónica Boero, secretaria de Planificación provincial, los arquitectos Alicia Abdala, de la Dirección Provincial de Arquitectura, Pedro Ramos, secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Raúl Cheli de la secretaria de Turismo y Cultura, cuyo titular Jorge Noceti estuvo ausente con aviso, la arquitecta Inés Pemberton, coordinadora de Patrimonio y Museos de la provincia y delegada de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, entre otros funcionarios y especialistas.
También estuvo, y es otro dato llamativo si lo comparamos con las posturas de su par porteño, el presidente del Colegio de Arquitectos Horacio Alcaraz. Demostró que su presencia no era de compromiso, porque prestó la sede del colegio profesional para una de las reuniones e instó con vehemencia a sus colegas a trabajar velozmente para que el año próximo se sancione la demorada ley de patrimonio cultural provincial.
Para quienes estamos acostumbrados a las peleas entre Cultura y Desarrollo Urbano, que en la ciudad de Buenos Aires sólo se ponen de acuerdo para demoler, fue alentador ver sentados a la misma mesa a funcionarios de las áreas de planificación urbana y patrimonio de la provincia y de la municipalidad, actualmente administradas en un caso por el peronismo y en el otro por el radicalismo. Eso reafirma que la cuestión del patrimonio es transversal y puede y debe ser gestionada en forma compartida por los distintos niveles de la administración sin distinción partidaria. El principal desafío que enfrenta hoy Jujuy es revitalizar el patrimonio de la ciudad que aún se conserva, y para ello ya hay varios proyectos interesantes en marcha.
Destacan la consolidación de toda una manzana patrimonial en la que un 75 por ciento de los inmuebles son propiedad del Estado y están dedicados a la actividad cultural; la recuperación de fachadas en algunas cuadras que poseen conjuntos patrimoniales homogéneos; la restauración del antiguo mercado que todavía conserva intactos su estructura y los puestos con mesadas de azulejos y mármol –con esos espesores que ya no se consiguen ni en Carrara–; la revitalización del viejo predio de las lavanderas al lado del río; la próxima apertura al público de la refuncionalizada Casa Macedonio Graz; la restauración de las esculturas de Lola Mora con el asesoramiento del Instituto del Restauro de Roma; y la implementación de un plan para morigerar el acceso vehicular al centro, medida acertada que sigue la tendencia internacional.
El efecto de la revitalización del patrimonio de la capital seguramente permitirá cumplir un gran objetivo que las autoridades jujeñas tienen bien claro: recuperar para sí los beneficios económicos que genera esa gran maravilla natural y cultural que es la Quebrada de Humahuaca, y que en la práctica se quedan en Salta porque allí llegan y pernoctan la mayoría de los turistas que visitan la zona.
El municipio también debe enfrentar un serio y difícil problema que es la saturación de carteles publicitarios en la vía pública, que en algunos casos ocupan el espacio aéreo más allá de las aceras, invadiendo hasta a la mitad o más la línea de la calzada. Las marquesinas ocupan grandes porciones de las fachadas, escondiendo tras de sí maravillas arquitectónicas y desvirtuando el paisaje urbano, algo que debería sonrojar a los gerentes de marketing de las empresas que los colocan, muchas de ellas sucursales de marcas nacionales y multinacionales.
Entre los más groseros están las publicidades de Claro, Garbarino, Bonafide, Ambito Financiero, Etam y Fravega, que deberían pedir consejo a sus colegas del banco Citi, que son expertos –luego del affaire Teatro Opera– en eso de arruinar campañas de publicidad por atentar contra el patrimonio cultural.
La gestión de la Quebrada de Humahuaca, área declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, es otra de las cuestiones que afectan a la provincia porque allí deben acordar con el gobierno nacional. Ni la glamorosa designación internacional, ni su declaratoria como Monumento Histórico Nacional logran detener los actos de barbarie patrimonial, como el cometido por el sacerdote de Tumbaya que, según denuncian expertos locales, mandó a repintar una talla del siglo XVII con pintura al aceite y pretende construir un tinglado en el patio de la iglesia del pueblo, que data de 1796.
La otra gran deuda es la sanción de la ley de patrimonio provincial elaborada en 2004 cuando la diputada Carolina Moisés –que participó de la reunión– presidía la Comisión de Educación y Cultura. En aquel momento convocó a un equipo interdisciplinario para elaborar el proyecto que comentamos la semana pasada, y que seis años después sigue teniendo una calidad y vigencia destacables. Los funcionarios y especialistas presentes en el encuentro realizado en el Colegio de Arquitectos expresaron la voluntad de unir esfuerzos para que esa ley sea sancionada y dos días más tarde hizo lo propio el Foro de Profesionales de Jujuy –que aglutina a los presidentes de todos los colegios profesionales de la provincia–, a instancias del titular de arquitectura.
El texto consensuado originalmente, más contundente que la versión despachada en la comisión legislativa de Educación y Cultura este año, incluye un órgano de aplicación autónomo, rentado y profesional con dependencia directa del gobernador. También le otorga a la autoridad patrimonial el poder suficiente para enfrentar los intereses económicos desmedidos y la ignorancia, los dos principales enemigos del patrimonio.
Si se le incorporan mecanismos de participación ciudadana, de protección preventiva y se incrementan las multas, será una ley impecable. Los presentes prometieron volver a reunirse en marzo para darle impulso y seguramente, con tan amplio y variado consenso, lograrán que los diputados jujeños cumplan con su obligación de legislar.
Nuevas leyes de patrimonio: Jujuy y Entre Ríos
El Congreso de la Nación sigue en deuda con el patrimonio cultural. La ley que creó la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos no es estrictamente una ley de patrimonio, data de 1941 y por lo tanto está desactualizada. En la Cámara de Diputados y en el Senado tramitan proyectos de ley de los legisladores Horacio Piemonte y Liliana Fellner, pero ni siquiera han logrado tratamiento en comisión.
La desactualización de la ley nacional 12.665 está dada no sólo por el paso del tiempo, sino también porque la reforma de la Constitución Nacional de 1994 cambió completamente el contexto de protección patrimonial, que a partir de ese momento pasó a ser un derecho de los ciudadanos y una obligación legal de Estado.
La actualización de las legislaciones provinciales ha corrido con algo más de suerte, aunque todavía resta bastante por hacer. La ciudad de Buenos Aires aprobó la ley de patrimonio cultural en 2003, recién la reglamentó en 2006, aún no concretó aspectos tan fundamentales como la creación de un régimen de sanciones y mucho menos estableció un marco de coherencia con las normas de planificación urbana y el Plan Urbano Ambiental.
Hace unos meses dimos cuenta de un proyecto de ley del diputado Daniel Bescos, aprobado por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que está destinado a proteger el patrimonio cultural de la provincia. Esa iniciativa, clara y contundente, espera su tratamiento desde el 20 de agosto en el Senado. Esperemos que el demorado análisis del proyecto en la Comisión de Legislación General, que preside el senador César Melchiori, se destrabe el año próximo.
En un sentido similar está avanzando la provincia de Jujuy. Una administración activa en la preservación del patrimonio arquitectónico a nivel provincial y municipal, fueron los antecedentes inmediatos de la elaboración de un proyecto de ley de protección de patrimonio cultural y natural. La iniciativa incorpora conceptos de preservación muy actuales y establece el marco de protección del patrimonio histórico, antropológico, etnográfico, arqueológico, paleontológico, artístico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, científico y patrimonio cultural vivo, dejando abierta la posibilidad de sumar otros criterios que se adopten en el futuro.
Prevé la posibilidad de que la autoridad de aplicación –la Secretaría de Turismo y Cultural provincial– requiera el auxilio de las fuerzas de seguridad para cumplir con sus obligaciones de protección, y establece un mecanismo de financiamiento genuino creando un Fondo de Patrimonio Cultural-Natural conformando, entre otros recursos, por el 5 por ciento afectado al cuidado del Patrimonio Cultural-Natural por la Ley Provincial de Fomento y Promoción para el Desarrollo Turístico.
El inteligente proyecto de ley establece además criterios precisos de intervención para las obras de restauración de bienes patrimoniales, y exige que los profesionales que actúen en dichos procesos sean idóneos, para lo cual el organismo público encargado del patrimonio habilitará un registro especial.
A su vez, por tratarse de una región con un rico patrimonio pasado y presente de las comunidades originarias, la ley adhiere explícitamente al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Estados Independientes, ratificado por la Ley 24.071/92, por el cual queda establecido que deberán adoptarse medidas especiales para salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas; que el compromiso de que toda acción referida a la protección, preservación u otro tipo de intervención sobre el patrimonio cultural ubicado en territorio de los pueblos indígenas se realizará con la participación de los mismos, y éstos tienen los mismos derechos y obligaciones en la preservación del Patrimonio Cultural-Natural ubicado en los territorios que legalmente poseen y son propietarios en términos comunitarios como cualquier otro sujeto jurídico privado.
Asimismo, establece un régimen para sancionar a quienes incumplan la ley, con una multa mínima equivalente a diez sueldos de la categoría 1 de la administración pública de la provincia.
Todas medidas acertadas que, si finalmente el año próximo se sanciona la ley, seguramente contribuirán decisivamente a proteger y revitalizar el enorme patrimonio cultural de la provincia de Jujuy.
