Cultura y Patrimonio

 En ningún otro lugar el patrimonio arquitectónico está tan asociado al medio ambiente como en el Delta de Tigre. Nos referimos a las construcciones palafíticas –edificación realizada sobre el agua o en zonas anegables, sustentada por postes de madera- que son la característica distintiva de la zona.

El valor arquitectónico, normalmente, se identifica por la calidad y características de una obra singular, pero quedó atrás la época en que solo se consideraban “patrimoniales” exclusivamente por lo valioso de sus materiales y la magnificencia de su diseño.

En la actualidad también son reconocidas las expresiones “menores” que eflejan las condiciones de vida o incluso la adaptación del ser humano a un medio ambiente determinado, y más aún si se trata de un conjunto que ha perdurado en un área durante años y dominado su paisaje.

Esto ocurre con la arquitectura palafítica. No son grandes palacios, no llevan la firma de arquitectos prominentes y la mayor parte de las veces son el resultado de una arquitectura “espontánea” que los propios pobladores desarrollan, transmitiendo de una generación a otra los conocimientos necesarios para poder construir a la vera de los lagos, ríos y humedales. Es decir, comprenden también un patrimonio intangible que es el saber constructivo de los habitantes del río. Este tipo de arquitectura fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial en los casos de Santa Rosa del Agua (Lago de Maracaibo, Venezuela) y las Iglesias de Chiloé (Chile).

La arquitectura palafítica es la característica arquitectónica dominante del Delta del río Paraná, desarrollada para sobrevivir a las crecidas de los ríos, que en unas pocas horas y en forma recurrente dejan a las islas bajo el agua.

A pocos kilómetros del Obelisco nos encontramos con paisajes privilegiados en un entorno con una rica biodiversidad, es habitad de numerosos pobladores que tienen una relación indisoluble con el río y refugio predilecto de artistas, escritores y numerosos porteños y turistas que escapan cada fin de semana de la selva de cemento.

Pero, malas noticias, ya lo descubrieron los Depredadores Patrimoniales y sus socios: los funcionarios municipales que toleran e incentivan la destrucción del patrimonio, con acciones u omisiones que contradicen la Constitución, las leyes y el más mínimo sentido común.

No fue suficiente con demoler numerosos inmuebles de esa arquitectura ejemplar que hace –o hacía- de la ciudad de Tigre un lugar apacible y privilegiado para vivir y un atractivo turístico de primer orden.

Se empeñan –depredadores y funcionarios- en matar a la gallina de los huevos de oro, destruyendo edificios de altísimo valor patrimonial, como la Quinta Cobo-Anchorena (que fuera sede del Club Tigre) y otros inmuebles de fines del siglo XIX y principios del XX, para reemplazarlos por torres de “arquitectura olvidable”, como la describe, con agudeza, el editor de m2, y le hacen perder carácter y originalidad a una zona apreciada por el turismo, básicamente, por ser única.

Pero fueron por más. Los especuladores representados por la empresa Eidico S.A.–que según denuncian los vecinos de la zona su titular sería Jorge O’Reilly, un ex asesor del Intendente Sergio Massa, durante su paso por la Jefatura de Gabinete-, arremetieron con Punta Querandíes, un yacimiento arqueológico ubicado en la rivera del Canal Villanueva. Para complicar -o clarificar- las cosas un ex directivo de la compañía, Pablo Dameno, es el actual subdirector de Planeamiento Urbano de la Municipalidad.

Estas tierras pertenecían –o pertenecen, no está muy claro- a la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) y fueron declaras de interés por la Cámara de Diputados y el Senado de la Provincia de Buenos Aires, que le solicitaron al Estado Nacional que se abstenga de venderlas con el fin de resguardar los sitios arqueológicos y sagrados de los pueblos originarios.

En las excavaciones, que comenzaron a realizarse luego de las denuncias de los pobladores, aparecieron 100.000 piezas de fauna local y 20.000 fragmentos de alfarería –que si no fuera por la inmediata acción de los ciudadanos- habrían quedado bajo las topadoras.

Los depredadores ni siquiera se detuvieron frente a dos medidas cautelares dictadas por la justicia de la Provincia de Buenos Aires, demostrado aún más su ilimitada impunidad, solo frenaron –y en forma temporaria- cuando los vecinos agrupados en la Asamblea Delta y Río de la Plata (http://asambleadeltayriodelaplata.blogspot.com), la Asamblea Urbano Ambiental de Tigre (http://www.asambleaurbanoambiental.blogspot.com) y el Movimiento en Defensa de la Pacha pusieron el cuerpo y acamparon en la zona para impedir el atropello.

La intervención del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, autoridad de aplicación de la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que protege y declara de interés público los yacimientos arqueológicos, deja más dudas que certezas.

La labor de sus arqueólogos fue financiada -según ellos mismos declararon a la prensa local- por le empresa propietaria del emprendimiento. Es sugestivo que quien tiene que ser controlado financie la labor del organismo público que tiene a su cargo el control: ¿Altruismo destinado a proteger bienes patrimoniales o la forma más efectiva de lograr que el informe concluya diciendo que “se recomienda liberar el terreno al propietario para que disponga del terreno”(sic)? La respuesta a esta pregunta la están buscando los diputados nacionales Horacio Piemonte y Elsa Quiroz (CC) que acaban de presentar un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación.

Esta destrucción fue precedida por otros proyectos, ya mencionados en esta columna, denominados Isla del Este –ya construido–, Colony Park y Parque de la Isla, situados en la Primera Sección del Delta, que son solo la punta del iceberg de nuevas iniciativas que incluyen desmontes masivos, supresión de humedales –que cumplen una función esencial en el régimen de crecidas y en la velocidad del agua de los ríos, tal como explica Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas y reconocida especialista en el tema-, construcción de puentes, privatización de canales y creación de redes viales para la circulación de autos en el interior de las islas.

El concejal Luis Cancelo, que trabajó en forma conjunta con los vecinos de la Asamblea Delta y Río de la Plata, acaba de presentar un proyecto de ordenanza serio, audaz y urgente, que entre otras cosas establece la preservación de la insularidad de la Primera Sección del Delta, prohibiendo la vinculación con el continente por medio de puentes vehiculares, túneles, transbordadores sobre los cursos de agua, impide la construcción de redes viales y la circulación de automotores en las islas, la modificación de los centros de islas, respetando las planicies de inundación, la realización de lagos o lagunas artificiales, y finalmente determina que las construcciones familiares o comerciales serán “exclusivamente de tipo palafíticas y de un máximo de dos pisos, asentándose dentro de los primeros 100 metros cercanos a las costas, adaptándose a las características naturales del lugar y sin modificar su condición de inundabilidad”.

Este proyecto que deben tratar ahora las comisiones del cuerpo legislativo local pareciera que está destinado al fracaso, si uno se atuviera exclusivamente a la mayoría parlamentaria que actualmente ostentan el bloque oficialista y el bloque del Partido Acción Comunal, que lo precedió en la Intendencia y en la iniciativa para destruir del patrimonio de Tigre.

Pero, como ya es frecuente en distintos puntos del país, los ciudadanos han tomado protagonismo, se están movilizando y reclamando la protección del patrimonio cultural y medioambiental del área, y tal vez, le hagan comprender de una buena vez a la mayoría de los concejales que es más “negocio” escuchar a los ciudadanos y cumplir con los tratados internacionales, la Constitución y las leyes, que seguir alentando o tolerando a los depredadores patrimoniales.

En los últimos cuatro años la Legislatura aprobó una cantidad record de normas sobre patrimonio arquitectónico: 107 leyes que significaron la catalogación de 837 edificios y la creación o reglamentación de 26 nuevas Áreas de Protección Histórica.

También fueron cambios significativos el reconocimiento de que la sola existencia de un proyecto de ley de catalogación tiene un efecto de protección preventiva sobre el inmueble, y la sanción de las leyes 2548 y 3056 que establecen un régimen especial para todos los inmuebles anteriores a 1942, impidiendo que se demuelan edificios valiosos.

La implementación de la Ley 1227 protegió a los Bares Notables u otros inmuebles que, sin ser excepcionales, tienen un valor histórico irremplazable como el Teatro El Picadero.

Las instituciones también han evolucionado. La creación de una comisión específica en la Legislatura o la de un área específica en la Defensoría del Pueblo fueron avances clave, acompañados por una movilización ciudadana y un creciente interés de la prensa, que colocaron el tema en la agenda política porteña. La Justicia hizo lugar a acciones de amparo que impidieron demoliciones de edificios valiosos.

Todavía falta mucho por hacer. Es preciso establecer claramente quien es la autoridad de aplicación en materia de preservación del patrimonio –hoy existen competencias cruzadas ente el Ministerio de Cultura y el de Desarrollo Urbano- y que ésta tenga la clara voluntad de tomar medidas concretas para protegerlo.  

Otra deuda pendiente es la aplicación de sanciones a quienes demuelen edificios sin permiso, ya que se ha vencido hace seis años el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley que establezca el régimen de penalidades que ordena la Ley de Patrimonio Cultural.

Finalmente, es preciso aplicar  la Ley de Protección Ambiental que obliga a contemplar en los estudios de impacto la necesidad de “preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora” de la Ciudad, es decir que no es suficiente con que se cumpla con las alturas permitidas en el Código de Planeamiento Urbano. Esto es aún más relevante a la luz del documento “Plan de acción para enfrentar las posibles consecuencia negativas del calentamiento global – Buenos Aires 2030”, elaborado por la Agencia de Protección Ambiental y presentado por el Jefe de Gobierno en la Cumbre de Copenhague. Allí se enuncia que la construcción provoca un fenómeno denominado “isla de calor” (aumento de la temperatura entre 1,3 y 3,5º) cuyas consecuencias son mayor consumo de energía, aumento de la contaminación y de las emisiones de gases.

Tal vez, el camino sea la sanción de un Código de Patrimonio Arquitectónico que unifique las normas, fije sanciones y promueva estímulos fiscales y económicos que hagan sustentable el patrimonio edificado.

La lucha de los vecinos del barrio del Cabanyal, en Valencia, en defensa del patrimonio arquitectónico fue oportunamente reflejada en m2 en sendas notas del autor de esta columna y de los periodistas valencianos Sara Pedrola y Sergi Tarín.

El año nuevo comienza con una buena noticia para los integrantes de la asociación Salvem el Cabanyal: el Ministerio de Cultura de España dictó una resolución calificando como “expolio al patrimonio” la ampliación de una avenida proyectada por la pintoresca alcaldesa Rita Barberá, que implica la demolición de 1651 viviendas.

El ministerio suspendió la ejecución del plan. En el brindis por el nuevo año los vecinos de la asociación Salvem El Cabanyal seguramente no imaginaron que los primeros días del 2010 traerían buenas noticias para el histórico barrio de pescadores, por el que han luchado los últimos doce años intentando poner freno al insólito proyecto de la alcaldesa.

El Cabanyal-Canyamelar es un barrio marítimo de la costa valenciana, con orígenes en el siglo XIII, cuando un grupo de pescadores se asienta en esta zona. La pesca fue la actividad económica impulsora del crecimiento del área, popularizada más tarde en los cuadros de Joaquín Sorolla, y un elemento fundamental en su evolución urbana.

El trazado está constituido por una singular trama de calles determinada por la ubicación de las antiguas barracas de pescadores, en las que se desarrolló, a principios del siglo XX, una original arquitectura de estilo modernista “popular”, más tarde complementada por edificios racionalistas. La simplicidad de las calles originales y la profusa decoración de fachadas con azulejería artesanal conviven con las edificaciones de mayor lujo que construyó la burguesía local como residencias de verano.

En las casas del Cabanyal habitan descendientes de varias generaciones de pobladores locales, intelectuales y artistas llegados en las últimas décadas, y una reciente inmigración, fundamentalmente de origen gitano, proveniente de Europa del este. La alcaldesa Barberá –del Partido Popular– resucitó un plan de hace cien años para prolongar hasta el mar la avenida Blasco Ibáñez. La iniciativa fue elaborada cuando la visión de la preservación de patrimonio arquitectónico se limitaba a los grandes monumentos u obras singulares, no a los conjuntos ni a la arquitectura “menor”.

El proyecto urbanístico que propone ampliar la avenida y realizar construcciones contemporáneas a sus lados, para concretarse requiere demoler 1651 inmuebles, muchos de ellos históricos y emplazados en un área declarada como Bien de Interés Cultural, la máxima protección prevista en la legislación valenciana. La batalla de los vecinos incluyó movilizaciones, acciones judiciales e iniciativas tan originales como la realización anual del encuentro “Portes Obertes” (Puertas abiertas) en el que los vecinos abren las puertas de sus casas durante dos fines de semana para que puedan ser visitadas y se realizan exposiciones y actividades artísticas en todo el barrio, o la campaña “Fes soroll amb cultura” (Hace ruido con la cultura), que tenía como objeto juntar firmas de apoyo de personalidades del ámbito artístico.

El año pasado, luego de varias derrotas en la Justicia local y regional, el tema finalmente llegó al Tribunal Supremo de España. Siguió un fallo contundente, que resolvió que debía expedirse el ministro de Cultura del Reino, ya que esa competencia es una de las pocas que no han sido transferidas a las comunidades autónomas ni a las ciudades, para determinar si el proyecto implica o no un expolio al patrimonio.

Esta semana el Ministerio de Cultura se expidió e hizo pública su decisión, anunciando que “en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009 ha emitido una orden donde declara como acto de expolio del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del ‘Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyamelar (Pepri)’ que se han llevado a cabo y se proyectan realizar en el conjunto histórico del barrio del Cabanyal-Canyamelar de Valencia, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico”.

Esa orden, continúa la declaración, “representa una obligación del ministerio en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de defensa del Patrimonio Histórico Español, tal como lo han ratificado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (27 de septiembre de 2004) ratificada por sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009, que impone al Ministerio de Cultura la obligación de pronunciarse sobre el expolio que supone la actuación urbanística derivada del Pepri del Conjunto Histórico Cabanyal-Canyamelar”, y en tal sentido declara “la obligación de los titulares de los bienes integrantes del conjunto histórico del Cabanyal de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución del Pepri hasta que dicho plan no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos del barrio valenciano y requiere a la Generalitat Valenciana que suspenda de manera inmediata todas las actuaciones administrativas relacionados con el plan”.

La decisión fue adoptada basándose en los dictámenes del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España –sus pares criollos deberían imitarlos cuando se trata de opinar sobre temas de patrimonio– y de la Real Academia de la Historia y Museo de la Cerámica de Valencia. Pero también de la propia Inspección de Patrimonio Histórico, que a pesar de ser un organismo que depende del municipio, con buen criterio se había opuesto desde el inicio.

Esta medida puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional y es el camino que tomará la alcaldesa, según anunció en conferencia de prensa pocas horas después de conocerse la resolución. Con su particular estilo afirmó también que recurrirá al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencias con el Ministerio de Cultura, y avanzó aún más, diciendo que en caso de que no prospere está dispuesta a impulsar la modificación de la normativa que declaró como Bien de Interés Cultural al barrio para adaptarlo a su plan.

Lo increíble no termina allí, ya que Barberá planea sancionar al director general de Patrimonio Histórico del municipio por haber rechazado la iniciativa.

Los vecinos del Cabanyal tienen ahora una nueva oportunidad para salvar el barrio, con el apoyo de las autoridades centrales que lentamente van poniendo las cosas en su lugar.

Tal vez el próximo paso sea investigar los motivos de la obstinación de la alcaldesa valenciana con un proyecto claramente ilegal que tiene un costo de decenas de millones de euros y del cual el sector privado retiró su inversión hace más de un año.

(Publicado en el diario Página/12 el 12-1-2010) 

La Ciudad de Buenos Aires ha avanzado notablemente en los últimos años en la sanción de leyes destinadas a proteger el patrimonio arquitectónico. La Constitución local aprobada en 1996, progresista y de avanzada, incorporó como derechos de los porteños el acceso a la cultura y la preservación del patrimonio edificado, dentro del capítulo dedicado a resguardar el Medio Ambiente.

Fue así que estos conceptos se hicieron operativos a través de las leyes que sancionó la Legislatura porteña en estos catorce años de existencia, entre las que se destacan la Ley de Protección Ambiental, la Ley de Patrimonio Cultural, el Código de Planeamiento Urbano, con un capítulo específico dedicado al patrimonio arquitectónico, y la norma que creó un mecanismo de Protección Especial de Protección Patrimonial, entre otras medidas que dieron cuenta del avance constitucional: un equilibro entre el derecho individual a la propiedad y el derecho colectivo a preservar nuestro pasado construido. También se incorporó la cuestión del patrimonio arquitectónico en la Ley de Mecenazgo, como una forma más de contribuir al sostenimiento económico de los edificios valiosos.

En el orden federal, la reforma de la Constitución Nacional en 1994 también permitió que se reconocieran nuevos derechos sociales y culturales, e incluso se incorporaron estos preceptos mediante el reconocimiento de tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Entre los nuevos derechos, la Carta Magna reconoce el de la preservación del patrimonio natural y cultural.

A pesar de ello, el Congreso Nacional no avanzó en la elaboración de leyes dedicadas a la preservación del patrimonio arquitectónico. La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos se rige por la Ley 12.665, sancionada en 1940, cuyos conceptos de “patrimonialización” se limitan a las grandes obras arquitectónicas o sitios o lugares donde haya ocurrido un hecho histórico significativo.

A su vez, esta norma prevé que la tarea este en manos de una comisión que cumple sus funciones ad-hororem, con lo cual más allá del compromiso de sus miembros y la posibilidad de contratar asesores, la dedicación es limitada, y sobre todo tienen un limitado poder de policía para hacer cumplir con sus decisiones.

Las reglamentaciones posteriores –incluyendo un Decreto del dictador Galtieri que amplió la protección a todos los edificios públicos de más de 50 años de antigüedad- han ido actualizando los conceptos. La encomiable labor de la propia Comisión en ese mismo sentido, permitió que, mediante disposiciones internas, se amplíe el concepto de patrimonio: incluyeron las obras desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, incorporaron el criterio de valoración del entorno y consideraron del componente social como otro criterio de preservación.

Sin embargo, estos criterios deberían estar expresados en una Ley Nacional de Patrimonio Cultural que les de mayor fuerza legal y que incluya otros aspectos –que si contempla la normativa porteña- como es la regulación del uso de los bienes declarados como patrimonio, la consideración de valores intangibles a la hora de evaluar importancia histórico-artística de un inmueble, la inclusión de un mecanismo de protección preventiva que impida la demolición de edificios valiosos por el solo hecho de que nadie propuso su preservación, la ampliación de funciones de la autoridad que tiene que ejercer el control sobre el vasto patrimonio nacional, y la creación de mecanismos de incentivo fiscal destinados al sostenimiento de los edificios patrimoniales.

Algunos elementos de la Ley de 1940 son relevantes y es importante que sigan vigentes como el mandato de seis años de los miembros de la Comisión –que la excluye de los vaivenes políticos del gobierno de turno- y la designación de los integrantes por parte del Presidente de la Nación, debiendo otorgársele mayor autonomía de la Secretaria de Cultura de la Nación o incluso transformarla en un ente autárquico, ya que muchos de los inmuebles que deben controlar se encuentran en manos de esta dependencia o de otros organismos del Gobierno Nacional.

Elaborar, discutir y sancionar una Ley de Nacional Patrimonio será un enorme y concreto legado que el Honorable Congreso de la Nación nos puede dejar a los argentinos en el Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo.

(Publicado en el diario Página/12 el 13-2-2010).

La sorpresiva irrupción de los ciudadanos de Buenos Aires y de otras ciudades argentinas en la causa patrimonial y el sostenido crecimiento de la participación popular, que ha llevado en los últimos dos años a colocar el tema en la agenda política porteña, tiene sus paralelismos en otros lugares del mundo. La organización de vecinos Salvem el Cabanyal lucha desde hace once años contra la destrucción de un barrio histórico de la Ciudad de Valencia, España.

El Cabanyal-Canyamelar es un barrio marítimo de la costa valenciana. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando un grupo de pescadores se asientan en esta zona. La pesca fue la actividad económica impulsora del crecimiento del área, popularizada más tarde en los cuadros de Joaquín Sorolla, y un elemento fundamental en su evolución urbana.

El trazado está constituido por una singular trama de calles determinada por la ubicación de las antiguas barracas de pescadores, en las que se desarrolló a principios del siglo XX una original arquitectura de estilo modernista “popular”, más tarde complementada por edificios racionalistas.

La simplicidad de las calles originales y la profusa decoración de fachadas con azulejería artesanal, conviven con las edificaciones de mayor lujo que construyó la burguesía local como residencias de verano.

En las casas del Cabanyal habitan hoy viejos vecinos del barrio descendientes de varias generaciones de pobladores locales, intelectuales y artistas llegados en las últimas décadas, y una reciente inmigración, fundamentalmente de origen gitano proveniente de Europa del este.

El Proyecto Cabanyal 2010 En 1996 triunfó en las elecciones locales el Partido Popular (PP) desplazando del Ayuntamiento al Partido Socialista Español (PSOE) y allí comenzaron los problemas para el barrio. El gobierno saliente, al igual que algún gobierno progresista de nuestra ciudad, tuvo una actitud indiferente o mejor dicho “ponciopilatesca” -neologismo popularizado por M2- hacia el patrimonio.

El gobierno saliente no se ocupó de revitalizar este barrio, castigado por el deterioro de sus edificios y el crecimiento de la marginalidad, y en la modificación del código de planeamiento urbano de Valencia promovió la zonificación del Cabanyal como “área de planeamiento diferido”. Dicho en criollo, patearon la pelota para adelante.

Le pelota quedó entonces en los pies de las nuevas autoridades, con la Alcaldesa Rita Barberá al frente, que resucitaron un plan de principios del siglo XX para prolongar una gran arteria de la ciudad –la Av. Blasco Ibáñez- hacia el mar.

La iniciativa fue elaborada cuando la visión de la preservación de patrimonio arquitectónico se limitaba a los grandes monumentos u obras singulares y no a los conjuntos y menos a la arquitectura “menor”. Por ello, los detractores, no sin razón, dicen que la iniciativa atrasa 80 años.

El proyecto urbanístico que propone ampliar la avenida y realizar construcciones contemporáneas a sus lados, para concretarse, requiere demoler 1600 inmuebles, muchos de ellos históricos y declarados como Bien de Interés Cultural, la máxima protección prevista en la legislación valenciana. Parece que sus promotores no han leído la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975) que, con gran actualidad, expresaba: “Cualquier disminución de este capital es tanto más un empobrecimiento por cuanto la pérdida de los valores acumulados no puede ser compensada ni siquiera por creaciones de alta calidad. Además, la necesidad de ahorrar recursos se impone en nuestra sociedad. Lejos de ser un lujo para la colectividad, la utilización de este patrimonio es una fuente de economía”.

Salvem el Cabanyal

La Plataforma Salvem el Cabanyal (www.cabanyal.com), es una organización que agrupa a asociaciones vecinales, artistas, profesionales, e intelectuales que durante once años ha mantenido una lucha original en defensa del patrimonio arquitectónico de su barrio, oponiéndose a la prolongación de la avenida y a la destrucción de cientos de inmuebles históricos.

Los cacerolazos, manifestaciones, abucheo a la Alcaldesa en cuanto acto público se presente, han sido complementados con una forma de protesta inédita y que a su vez se ha transformado en un hecho cultural para la ciudad: el Proyecto “Portes Obertes” (Puertas abiertas).

Cada año y desde hace una década los vecinos del Cabanyal abren las puertas de sus casas y las transforman en museos y galerías de arte efímeros.

Durante tres fines de semana pueden visitarse y no solo disfrutar de la arquitectura exterior e interior de los inmuebles y la forma de vida actual de sus habitantes, sino también ver exposiciones de fotografía y pintura, participar en mesas redondas, lecturas de poesía y recitales de música, realizados por artistas locales y extranjeros que se solidarizan con esta causa.

En definitiva todo el barrio es un gran museo, porque se incluyen instalaciones en el espacio público. Esta acción ha puesto al barrio en la agenda cultural de la ciudad y generado una visibilidad y simpatía que difícilmente puedan generar otro tipo de protestas, con un impacto directo imposible de obtener por otros medios: 8000 visitantes en la última edición de 2008. Patrimonio, Justicia y Política Sin embargo, no todas son rosas.

La lucha en las calles fue acompañada por una acción judicial que luego de diversas etapas llego a un punto (casi) final con la decisión del Tribunal Supremo de Valencia, autorizando la obra en cuestión.

No hay dudas de que se trata de un Poder Judicial con escasos recursos normativos o bien menos sensible a las cuestiones del patrimonio arquitectónico que su homologo porteño, que da muestras de compromiso, eficiencia y celeridad para defender el patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez que se requiere su actuación. Por otra parte, muchos valencianos, incluidos vecinos del barrio que no se verán afectados en forma directa por el proyecto, discrepan con las posturas de la Plataforma. Consultado Josep Boira, Profesor de Geografía Urbana de la Universidad de Valencia y vecino del barrio, nos expresaba: “Sinceramente, le debo decir que, preocupándome mucho la suerte de los vecinos afectados (yo mismo soy vecino del barrio, aunque no afectado directamente), no comparto la estrategia mantenida por estas asociaciones hasta la fecha y creo que se debe negociar, con generosidad y cuidado social, una operación urbanística sensible, moderada y de contenido social pero al tiempo enérgica para salvar el barrio de su degradación”.

Es que tal vez ha venido triunfando la estrategia de las autoridades locales destinada a degradar el barrio y hacerlo inhabitable hasta para sus moradores más entusiastas.

La empresa Cabanyal 2010 –ejecutora del proyecto- alquila a precios irrisorios los inmuebles recién expropiados a población de bajos recursos –mayormente gitanos provenientes de Rumania- para que vivan en condiciones infrahumanas, abandonan las parcelas expropiadas luego de la demolición, y el Ayuntamiento, reduce la inversión pública en la zona, con la consiguiente degradación urbana que eso conlleva.

Tal vez esa sea la razón por la cual la política también parece haber sido esquiva a los defensores del Cabanyal. La Alcaldesa tiene que hacer frecuentes apariciones públicas defendiendo el proyecto–sobre todo porque el plan se ha demorado más de lo debido en su ejecución- y los concejales de PSOE no desperdician ocasión para atacar al oficialismo.

Sin embargo, el PP ha triunfado sucesivamente en las elecciones locales, incluido en el propio distrito electoral que corresponde al barrio.

Experiencias y estrategias

La experiencia valenciana, con su enorme creatividad en los métodos de protesta y una inclaudicable y sostenida lucha a lo largo de más de una década, de la mano de Tato Herrero, Vicent Gallart y Maribel Doménech, entre otros ciudadanos defensores del patrimonio, nos confirma algunas lecciones que habíamos aprendido del contexto porteño de los últimos años.

Por una parte está claro que la preservación del patrimonio arquitectónico ha superado el ámbito de la academia y de los congresos internacionales de especialistas y ha ganado la calle. Por la otra, que esta movilización vecinal, es sin duda un camino insoslayable, pero sólo será efectiva si logra conformar un cuadrilátero virtuoso con la prensa, la justicia y la política, contando ésta última con voceros calificados que la puedan representar en la mesa de las decisiones ejecutiva y legislativa.

Raro privilegio ostenta Buenos Aires por estos tiempos, con diputadas y diputados en la Legislatura –no muchos aún, aunque de variados bloques parlamentarios- que tienen un interés genuino en la defensa del patrimonio arquitectónico.

Pero aún falta mucho camino por recorrer, acá y allá. Tal vez deberíamos posar nuestra mirada en los defensores del medioambiente, que han logrado articular su defensa en el terreno económico, social, mediático y político (cuentan con ex vicepresidentes de superpotencias, partidos políticos afines, interbloques y eurodiputados).

También han instrumentado, con Greenpace a la cabeza, una solidaridad a nivel internacional por la cual para todo activista del medio ambiente cualquier ataque al paisaje natural o a los recursos naturales es un ataque a la humanidad en su conjunto.

Tal vez, ha llegado la hora de potenciar las estrategias políticas locales, pero también de preguntarnos si para defender nuestro medio ambiente construido no es necesario articular también una instancia global: ¡Patrimonialistas del mundo, uníos!

(Publicado en el diario Página/12 el 14-3-2009)

Cuando se alzan voces y se promueven acciones en favor de la preservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad, no faltan quienes en tono paternalista y condescendiente dicen que no hay que proteger los edificios valiosos, porque eso es oponerse al progreso. Para el diccionario de la Real Academia Española, progreso significa “avance, adelanto, perfeccionamiento”. Ninguna de estas acepciones parece definir el efecto que produce la demolición indiscriminada de inmuebles de valor patrimonial, la alteración de fachadas y la destrucción de empedrados y trazas históricas que dan cuenta de los orígenes, evolución y formas de vida de nuestra ciudad. Y aún menos, su reemplazo por obras realizadas con materiales de menor calidad y peor diseño.

Se trata de mucho más que de preservar el pasado, se trata de conservar edificios que por sus atributos y cualidades garantizan una mejor calidad de vida. Y que cuando forman conjuntos como pueden ser los barrios de San Telmo, Caballito o Floresta –hoy en conflicto por el avance de obras indiscriminadas e innecesarias– hacen a un estilo de vida particular, cuya homogeneización y deterioro no es un progreso sino todo lo contrario.

¿Alguien en su sano juicio y de buena fe puede interpretar que la pérdida de edificios construidos con materiales nobles, técnicas artesanales prácticamente irreproducibles y diseños artísticos destacados significa un avance, perfeccionamiento o mejora para nuestra ciudad? No lo es desde el punto de vista cultural y simbólico, y tampoco desde el económico. La demolición de inmuebles para los que fue necesario invertir tiempo, dinero, conocimientos y materiales hoy irreproducibles es más bien un retroceso.

Así lo expresaba en 1975 la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico: “Cada generación da una interpretación diferente del pasado y extrae de él ideas nuevas. Cualquier disminución de este capital es tanto más un empobrecimiento por cuanto la pérdida de los valores acumulados no puede ser compensada ni siquiera por creaciones de alta calidad. Además, la necesidad de ahorrar recursos se impone en nuestra sociedad. Lejos de ser un lujo para la colectividad, la utilización de este patrimonio es una fuente de economía”.

Conservar el patrimonio es, aunque parezca contradictorio, un gesto progresista. Es proteger un derecho colectivo y un bien social común, como son la calidad ambiental, el valor simbólico que representa la memoria de la comunidad reflejada en la arquitectura y el hacer accesible la belleza de los edificios a todo el mundo, frente a la intención individualista de destruir, casi siempre por simple codicia, esos valores expresan a una sociedad respetuosa de su pasado y consciente de su futuro.

(Publicado en el diario Página/12 el 13-12-2008).

Hace algunas semanas comentábamos en esta misma columna la íntima relación que existe entre el Patrimonio Arquitectónico y el Medio Ambiente –la Constitución de la Ciudad, incluso ubica al primero como un elemento constitutivo e indisoluble del segundo- y más específicamente que su protección es otra forma más de luchar contra el cambio climático.

Decíamos allí que la destrucción del patrimonio construido supone el desaprovechamiento de los recursos que fueron utilizados originalmente para su construcción: humanos, financieros y materiales, incluyendo los recursos naturales renovables y no renovables, y que por lo tanto indirectamente, pero de manera no menor –incluyendo también los recursos utilizados para la demolición y construcción de un nuevo edificio-, contribuye a la generación de los gases responsables de la catástrofe climática.

Pero, éste no es el único perjuicio sobre el medioambiente. El edificio antiguo será reemplazado en casi todos los casos por otro de mayor volumen y altura, incrementando la superficie vertical construida en la Ciudad.

En el documento titulado “Plan de acción para enfrentar las posibles consecuencia negativas del calentamiento global – Buenos Aires 2030”, elaborado por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad y que presentó recientemente el Jefe de Gobierno en la Cumbre de Copenhague, se dedica todo un capítulo a explicar el significado e implicancias de la denominada “isla de calor”.

La define como “el reemplazo de los espacios abiertos y la vegetación por edificios, calles e infraestructura urbana, [que] implican la sustitución de superficies permeables y húmedas por asfalto y cemento. Este proceso conduce a la formación de lo que se conoce como isla de calor urbana. Este fenómeno hace referencia a que principalmente durante noches sin viento y escasa nubosidad, las ciudades suelen ser más cálidas que el medio rural que las rodea. En general, la temperatura en la ciudad se distribuye de forma tal que los valores más altos se registran en el área céntrica donde las construcciones forman un conjunto denso y compacto”.

La diferencia de temperatura producida por las edificaciones oscila –en el caso de Buenos Aires- entre 1,5 y 3,5 grados, y las consecuencias negativas de este fenómeno –reconoce el informe- es el aumento del consumo de energía en el periodo estival, el aumento de la contaminación atmosférica y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Casi nada…

Este los principales factores que la provocan está lo que los autores denominan “materialidad urbana”, esto es el cúmulo de materiales –hormigón, cemento, asfalto, etc.- que existen en una ciudad, y la reflectancia que estos provocan. Es decir, el porcentaje de energia solar que las mismas reflejan, y a su vez el grado de emisión de calor de las superficies cuando son expuestas al sol. La mala noticia es que la mayoría de los materiales que se utilizan en la construcción, a excepción del metal, tienen valores altos de emisión térmica.

La isla de calor se potencia por la “geometría urbana”, ya que las zonas edificadas ofrecen una mayor superficie de absorción de calor que irradian lentamente durante la noche. La distribución de los edificios en una ciudad –mayor o menor concentración- y la altura de los mismos, potencian el efecto, ya que producen un reflejo horizontal de la radiación y permiten que el calor permanezca más cerca del suelo.

La consecuencia energética ya citada no es el único factor negativo que produce sobre nuestra vida y sobre el medio ambiente. También afecta la calidad del aire y agrava la contaminación, y tiene consecuencias directas sobre la salud, que pueden llegar –según el informe- a “dificultades respiratorias, agotamiento, calambres y hasta paros cardíacos”.

En tanto la Ley de Protección Ambiental de la ciudad considera la construcción de edificios como casos de Mediano Impacto Ambiental, pero lo más curioso es que la evaluación se realiza mediante un “manifiesto” presentado por el propio interesado.

Tal vez haya llegado la hora de que la Legislatura porteña modifique el texto de esta ley –sancionada en 1999-, y la adapte a la situación actual y a las conclusiones del informe que comentamos. Y sobre todo, y antes que nada, que se cumpla, porque ningún funcionario parece haberse enterado que entre los objetivos que la evaluación del impacto ambiental debe considerar es el de “Preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora” de la Ciudad.

Frente a esto el Ministerio de Desarrollo Urbano sigue aprobando proyectos de torres y edificios en altura, sin planificación y de una manera desordenada y caótica. ¿Habrán escuchado el discurso de Mauricio Macri en la capital danesa y leído el contundente estudio elaborado por sus pares de Medio Ambiente? Parece que no…

(Publicado en el diario Página/12 el 6-2-2010).

Hace muchos años ya que la preservación del medio ambiente es un asunto urgente y presente en la agenda de gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, medios y ciudadanos. Hay coincidencia en que es necesario preservar los recursos naturales, lo que explica las tantas cumbres y acuerdos internacionales, y los millones de dólares que se invierten cada año en su protección. Un reciente ejemplo es la donación de la Fundación para las Américas, de la Mitsubishi Corporation, para promover acciones de conservación ambiental en la costa patagónica argentina y en el paisaje marino del Atlántico. Este nivel de conciencia se hace también evidente en conflictos como el de las papeleras en el río Uruguay, que ocupa la atención de las principales autoridades de varios Estados y se dirime en la máxima instancia judicial: la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.

En contraste, la conciencia sobre la necesidad de proteger nuestro patrimonio arquitectónico sólo ha estado presente en un pequeño grupo de arquitectos patrimonialistas, un puñado de legisladores y algunos ciudadanos amantes de la historia y las tradiciones. Esto está cambiando.

En la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, como Tigre, Vicente López y Tucumán, se produjo en los últimos meses una creciente toma de conciencia que puso el tema en la agenda política. Este cambio es producto de la interacción de cuatro actores de la vida institucional y ciudadana. Por un lado, están los vecinos, que comenzaron con justos reclamos individuales –la construcción de torres– y fueron incorporando a las reivindicaciones el derecho colectivo a la preservación del patrimonio cultural. Luego, la acción del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que, en forma silenciosa pero contundente, demostró que es posible administrar justicia de modo rápido y eficiente, al resguardar y “salvar” varios edificios de la piqueta, incrementado exponencialmente la jurisprudencia sobre la materia.

También los medios –primero los especializados y luego los de información general­– que fueron sumando centímetros y minutos de aire al tema, hasta llegar a ocupar tapas y editoriales de los principales diarios. Y, finalmente, los legisladores, que iniciaron en 2005 un camino de institucionalización con la creación de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura, presionando para que se reglamente la ley 1227 de Patrimonio Cultural, y sancionando muchas más leyes vinculadas al patrimonio en los últimos dos años que en los diez años anteriores, desde la sanción de la Constitución de la Ciudad.

Aun así, muchos cuestionan la necesidad de conservar el patrimonio arquitectónico, argumentando la dificultad para preservarlo o la restricción que supone a la propiedad privada, y es allí donde cabe una comparación con la preservación del medio ambiente, mucho más afianzada en la conciencia colectiva.

Ambas problemáticas suponen numerosos aspectos en común: El patrimonio arquitectónico de una ciudad forma parte del medio ambiente y hace a la calidad de vida de los ciudadanos y, por eso, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ordena “la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora”.

Son bienes no renovables o de casi imposible recuperación. En un caso, por la pérdida de las técnicas constructivas que se utilizaron en su creación, y en el otro, por la enorme cantidad de años que requiere la recuperación de un bosque o el saneamiento de un curso de agua, por ejemplo.

Son recursos económicos de primer orden, sobre todo para un país donde el turismo es una de las principales fuentes de ingreso de divisas, y donde el atractivo principal es el natural y el cultural, y su pérdida supone una descapitalización del país.

Son elementos que hacen a la calidad de vida no sólo de sus propietarios, sino del conjunto de los habitantes, y cuya destrucción afecta directa e indirectamente a los ciudadanos en su conjunto.

Tal vez por ello, la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como “ley Bonasso”, aprobada por el Congreso de la Nación, y la ley 2548 de Protección Especial de Patrimonio Arquitectónico, sancionada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, tengan varios puntos en común: limitan el derecho a la propiedad en pos de garantizar el derecho colectivo a la preservación del medio ambiente (natural y cultural). Establecen para un universo determinado de recursos naturales y culturales la presunción de valor ambiental o cultural hasta tanto se demuestre lo contrario. Fijan un período de excepción (indeterminado en un caso y por 365 días en el otro) para que puedan evaluarse y estudiarse el impacto y valor de bosques y edificios y determinar cuáles deben ser preservados y con qué grado de protección. Dejan en mano de la autoridad pública la evaluación de la calidad ambiental y arquitectónica del bien por preservar.

Sin embargo, la ley de bosques incorpora dos elementos de vital importancia, como son el incentivo económico para compensar las restricciones que impone la protección y la fuerte penalización para quienes destruyan bosques nativos, ambos aún casi ausentes en la legislación de protección del patrimonio arquitectónico. Esta ausencia es producto de la falta de conciencia sobre la importancia del patrimonio arquitectónico e impide todavía destinar recursos económicos para estimular a quien preserva y castigar a quien destruye el paisaje urbano.

La preservación patrimonial nada tiene que ver con “fosilizar” la cultura sino, por el contrario, con vitalizarla. A modo de ejemplo, en Nueva York (ciudad poco fosilizada, si las hay) existe desde 1965 una ley que protege más de 23.000 estructuras, incluyendo parques, árboles, muelles, puentes, espacios interiores, teatros, fábricas y hasta relojes, en términos de: “todo edificio, propiedad y objeto que haya sido designado por la Comisión de Conservación del Patrimonio por su carácter especial o por su interés o valor estético o histórico, como parte del desarrollo, herencia o características culturales de la ciudad, del Estado, o la Nación”. Barbara Diamonstein Spielvogel –curadora, experta en preservación patrimonial– completa esa idea vitalista al sostener que preservar “genera un sentido de continuidad entre el pasado y el presente y nos ayuda a apreciar los logros que sobreviven a nuestras vidas individuales”. Y agrega: “Cada árbol del Central Park es un ícono de la ciudad”.

En Buenos Aires, los pasos dados en la materia y enfoques como los aquí expuestos –aplicados en muchas ciudades del mundo con un criterio sustentable y culturalmente soberano– sin duda enriquecerán la mirada y la acción respecto de nuestro invaluable patrimonio histórico que hace, en definitiva, más que a cada árbol o casa en forma aislada, al frondoso, pródigo bosque patrimonial de nuestra identidad.

(Publicado en el diario La Nación el 14 de febrero de 2008:

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=987145).

En alguna oportunidad mencionábamos la estrecha vinculación entre el patrimonio arquitectónico y el medio ambiente, y esto adquiere aún más relevancia en un momento en que el mundo centra su atención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP15) realizada en Copenhague.
El patrimonio construido de una ciudad es parte integrante de su medio ambiente y hace a la calidad de vida de los ciudadanos. Los edificios históricos son –como los recursos naturales- bienes no renovables o de casi imposible recuperación. En un caso, por la pérdida de las técnicas constructivas y materiales que se utilizaron en su creación, y en el otro, por la enorme cantidad de años que requiere la recuperación de un bosque o el saneamiento de un curso de agua.
Se trata, en ambos casos también, de recursos económicos de primer orden, sobre todo para un país donde el turismo es una de las principales fuentes de ingreso de divisas, y donde el atractivo principal es el natural y el cultural. Finalmente, son elementos que hacen a la calidad de vida no sólo de sus propietarios, sino del conjunto de los habitantes, y cuya destrucción afecta directa e indirectamente a la comunidad en su conjunto.
Pero más allá de estas características comunes y de la controversia que ha suscitado la revelación de documentos que ponen en duda la efectiva incidencia antropogénica en el cambio climático o la aseveración de que vamos en realidad camino hacia un “enfriamiento global” tal como afirman en su reciente libro los economistas Stephen Levitt y Steven Dubner, es preciso analizar la destrucción del patrimonio construido en este nuevo contexto global.

La arquitectura “verde” parecería ser la respuesta más adecuada frente a la emisión de gases y al desaprovechamiento de energía, y parece una solución adecuada al aplicar técnicas que permiten reducir el consumo.

Pero tal vez esto sea cierto para los propietarios de los futuros inmuebles “inteligentes” que ahorrarán en su cuenta de luz, aunque no está claro si el aporte a la protección del medio ambiente es tan efectiva, teniendo en cuenta que la producción de muchos de los materiales “ecológicos” requiere de un enorme consumo de energía y la utilización de recursos naturales no renovables, que explican la alta incidencia de la industria de la construcción en la emisión de gases.

Más aún, si la nueva construcción no es ecológica –tal como ocurre en la mayoría de los casos en nuestro país- o si para construir una u otra, previamente se demuele un edificio patrimonial, el efecto será negativo será mayor para el medio ambiente.

Hace casi 35 años, la Carta Europea sobre Patrimonio Arquitectónico reconocía que “Cualquier disminución de este capital es tanto más un empobrecimiento por cuanto la pérdida de los valores acumulados no puede ser compensada ni siquiera por creaciones de alta calidad. Además, la necesidad de ahorrar recursos se impone en nuestra sociedad. Lejos de ser un lujo para la colectividad, la utilización de este patrimonio es una fuente de economía”.

Hoy podemos afirmar, que la destrucción del patrimonio construido no solo supone una pérdida económica, sino que además significa el desaprovechamiento de los recursos que fueron utilizados originalmente para su construcción: humanos, financieros y materiales, incluyendo los recursos naturales renovables y no renovables. Otro argumento más para preservar nuestra memoria construida.

(Publicado en Página/12 el 15-12-09: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1757-2009-12-12.html)