Cultura y Patrimonio

El Congreso de la República aprobó la ley que reconoce a los artistas, intérpretes o ejecutantes de las obras audiovisuales, el derecho a recibir una remuneración equitativa por la emisión pública o el alquiler de dichas obras audiovisuales.

Este derecho de remuneración, conocido popularmente con la Ley Fanny Mikey, se hará efectivo a través de sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, que deberán crear los artistas, intérpretes o ejecutores. De igual manera, aclara la ley, que no se considera emisión pública y por lo tanto no da derecho a la remuneración, cuando se hace con fines exclusivamente educativos, dentro de recintos de instituciones educativos y sin que se cobre el ingreso. Tampoco cuando se trata de ejecución en establecimientos abiertos al público, cuyo propósito sea el de entretener a sus trabajadores, o cuando la finalidad no sea al de entretener al público consumidor en aquellos establecimientos con ánimo de lucro tales como tiendas, bares, cantinas, supermercados, droguerías, salas de belleza, gimnasios y otros establecimientos de distribución de productos o servicios.

Por otra parte restringió la posibilidad de dichos artistas, intérpretes o ejecutantes de suspender, prohibir o alterar la normal explotación comercial de la obra por su productor, utilizador o causahabiente.

El nombre de esta Ley es un homenaje a una de las personas que más contribuyó al desarrollo del teatro colombiano. Fundadora del Festival Iberoamericano de Teatro y directora del Teatro Nacional, Mikey fue el personaje más votado en el listado de las 10 personas más influyentes de la cultura colombiana en la década de 1997 al 2007 un evento que organizó para celebrar la primera década del Ministerio de Cultura. Mikey, nació en Buenos Aires y falleció en Bogotá, en el 2008 a los 78 años.

Luego de tres años en discusión se ratificó, con la firma del Presidente Sebastián Piñera, la nueva Ley de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor. La firma se desarrolló durante la inauguración de la Feria del Libro de Plaza de Armas.

El Ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, destacó: “La protección al derecho de autor debe ser un mecanismo efectivo en la creación de valor económico de nuestras industrias culturales”.

El secretario de Estado señaló que la ley, que modifica la que regía desde la década del setenta, es “la reforma legal más importante en los últimos 40 años”. Igualmente advirtió: “Es un buen inicio para combatir la piratería, pero necesitamos de la interrelación de todas las partes para evitar que la propiedad intelectual se viole”.

La nueva norma establece procedimientos y sanciones a quienes la quebranten, así como instala un marco de excepción y limitación, como es el caso de a las fotocopias o impresiones que se pueden realizar en bibliotecas. Asimismo, el ministro indicó que la ley contempla un mecanismo para establecer sanciones: “El Consejo de la Cultura y las Artes tendrá una lista de árbitros para resolución de conflictos que ayudará a la fase penal de las resoluciones judiciales”.

La normativa también contiene novedades para el tema en la Web: exime de responsabilidad al proveedor del servicio por la publicación de obras sin permiso del autor. El Presidente Sebastián Piñera, que firmó la ratificación en el día Mundial del Libro, aprovechó la instancia para resaltar los esfuerzos destinados al fortalecimiento de la industria cultural, comprometiéndose a “estimular el aporte privado a la cultura, ya que sólo un 10% corresponde a este sector”.

En el acto también se dejó de manifiesto que entre los principales objetivos de este gobierno está que cada comuna del país tenga al menos una biblioteca pública apoyada por tecnologías modernas que permitan la democratización y fácil acceso a la lectura.

El Ministro Cruz-Coke aprovechó también la oportunidad para recordar los fondos de financiamiento del Consejo del Libro que están abiertos: “Este mes se están cerrando 5 líneas de postulación, a lo que sumamos la apertura a contar de la primera semana de junio de 3 concursos que reparten 700 millones de pesos para creadores y artistas relacionados con la industria del libro y editoriales”.

El mundo debate hoy sobre la legitimidad y efectividad de las leyes de protección de derechos de autor. Legitimidad, porque muchos creen ilógico que la protección de las creaciones artísticas e intelectuales sean desde el punto de vista legal tan rigurosas y que además se trate de derechos hereditarios que disfrutarán los descendientes del creador –en algunos casos- hasta 70 años después de su muerte.

Una de las principales organizaciones que promueve otra forma de protección de las obras creativas es la Fundación CopyLeft, que lleva por nombre el vocablo inglés que, proviniendo del ámbito informático, se utiliza (y se aplica de manera análoga a la creación literaria y artística) para denominar a la protección jurídica sobre la que se basan determinadas licencias que garantizan el derecho de cualquier usuario a utilizar, modificar y redistribuir un programa o sus derivados, siempre que se mantengan estas mismas condiciones de utilización y difusión.

La efectividad de las normas de propiedad intelectual ha sido puesta en cuestión por la propia realidad. La conexión global que ofrece Internet y el surgimiento permanente de nuevos medios de reproducción de textos, imágenes y sonidos ha permitido el intercambio de libros, canciones, películas y fotografías desde un punto a otro del mundo sin que las autoridades puedan ejercer un efectivo control. Por otra parte, también se debate si el intercambio de obras entre un usuario y otro para el disfrute personal y a título gratuito, constituye verdaderamente un delito.

La medida que han adoptado países como España frente a esta cuestión ha sido la imposición de un “canon” o impuesto digital. Esto es gravar la venta de equipos electrónicos que se utilizan para la copia y reproducción digital de obras protegidas. De esta forma se busca compensar las pérdidas que los creadores –o más bien las empresas oligopólicas en el sector de las industrias culturales- tienen por la realización de copias privadas.

En Argentina, en cambio, no se debaten estas cuestiones. Sin mayor exposición pública se aprobó un impuesto a los equipos electrónicos, con excepción de los fabricados en Tierra del Fuego, que significará un aumento del precio –contrariando todos los criterios actuales que promueven el acceso de toda la población a estos medios para comenzar a reducir la brecha digital- sino que además solo beneficiará a algunas empresas radicadas en esa provincia austral.

También se aprobó una ley –está con menos discusión aún- que prorroga de 50 a 70 años los derechos de las compañías discográficas sobre los discos que alguna vez editaron. Esta medida que fue celebrada por destacados músicos, esconde en el fondo un perjuicio para los artistas.

Muchas compañías discográficas han mantenido discos fuera de catálogo durante años y años. Y no solo de artistas de poco renombre. Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Troilo, Piazzolla y el Sexteto Mayor son algunos de los que han sufrido esta situación. La Ley aprobada por el Congreso extiende esta circunstancia absurda 20 años más.

No hay dudas de que los autores deben cobrar por su trabajo, pero es evidente que frente al contexto actual es preciso generar un debate serio y abierto sobre el tema y no adoptar medidas demagógicas o viciadas por su parcialidad.

El próximo 29 de marzo se llevará a cabo -en Casa Liotja- el Foro Europeo de Industrias Culturales, en el marco de la Presidencia pro témpore de España al frente de la Unión Europea. En dicho encuentro la Comisión Europea presentará el Libro Verde de las Industrias Culturales y será una ocasión para que los profesionales y las empresas del sector debatan sobre la industrias culturales y creativas. La inscripción al Foro puede realizarse a través del sitio web oficial: http://www.eu2010feic.org/index
Este encuentro llega en momentos en que en Europa y muy particularmente en España y Francia se debate intensamente la gestión de los derechos de autor frente a las nuevas tecnologías que han facilitado la transferencia de bienes culturales -música, películas, libros, fotografías, etc.- entre los usuarios de la red Internet, lo que ha puesto en cuestión la legitimidad y efectividad de las normas y procedimientos tradicionales de protección de los derechos de difusión y reproducción de las creaciones artísticas.

Los defensores del copyright (http://www.copyright.com/) -protección sobre los derechos de edición, reproducción y difusión de las obras artísticas e intelectuales- frente a los impulsores del copyleft (http://www.fundacioncopyleft.org/) que promueven mayor flexibilidad en la administración de los derechos de los creadores.

El Foro que cuenta con el apoyo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, contará con la presencia de las máximas autoridades europeas y españolas. Disertarán Miquel Valls, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona; Doris Pack, presidenta de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo; Jordi Hereu, alcalde de Barcelona; Androulla Vassiliou, comisaria de Cultura y Educación de la Comisión Europea; Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura de España; José Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña; José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España.

El programa incluye además debates sobre financiación, profesionalización, internacionalización, propiedad intelectual y gestión de derechos, y desarrollo territorial de las industrias culturales.